La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) informó este jueves que han muerto al menos 448 personas desde que iniciaron las protestas de abril en su último informe presentado justo cuando se cumplieron los cien días de resistencia ciudadana.
Según las estadísticas del documento, eso significaría que en este período los fallecidos se han dado a un promedio de uno cada seis horas.
En este contexto, el Gobierno ha arremetido contra la población indefensa, lo que ha provocado una grave crisis de violación a los derechos humanos, según los funcionarios de ANPDH.
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La presentación del informe ha coincidido con las declaraciones de la vicepresidenta designada por el CSE, Rosario Murillo, quien no solo no acepta la responsabilidad en la masacre sino que este jueves en los medios oficialistas habló de un plan de reparación y justicia para las víctimas del “terrorismo golpista”.
Leiva deplora violencia
Al momento de la presentación de su informe, el secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva Sánchez, deploró el recrudecimiento de la violación contra los derechos humanos en Nicaragua tras las manifestaciones cívicas promovidas por la población.
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Según Leiva, esto se ha visto expresado con mayor claridad en las cifras de muertes, heridos y secuestrados en un período de 98 días contabilizados por esa organización hasta el cierre del informe presentado ayer.
Los datos reflejan el aumento de la violencia en el país, que se demuestra también en la variación de las cifras de muertes registradas en relación con el reporte efectuado por ese organismo el pasado 11 de julio, cuando contaban 351 muertos, es decir 97 menos que los reportados este jueves.
La ANPDH mostró su preocupación en la criminalización y penalización de muchas personas que han ejercido el derecho de manifestarse de forma pacífica, a partir del 18 de abril.
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“Necesitamos prontamente tratar de recuperar esa ansiada paz social que hemos perdido y que el Gobierno del Estado de Nicaragua tiene, en una gran mayoría, esa responsabilidad”, afirmó Leiva Sánchez.
El informe de la ANPDH abarca el período entre el 19 de abril, cuando iniciaron las protestas, y el 25 de julio. Del total de los fallecidos, 49 aún están sin identificar.
El dato sobre la cantidad de muertos de la ANPDH es superior a la última cifra actualizada durante la presente semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, a través de su cuenta de Twitter, informó el registro de 295 muertes.
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Durante las protestas, la ANPDH contabilizó tres muertes de ciudadanos extranjeros ocurridas en el contexto de las protestas en el país, estos fueron un guatemalteco, muerto en un hecho accidental; un estadounidense cuyo fallecimiento no fue del todo esclarecido y el último caso el de la estudiante brasileña Raynéia Lima, quien murió el martes pasado por heridas de arma de fuego en el tórax y el abdomen.
Sobre el crimen contra la estudiante brasileña, hasta ahora no hay mucha claridad de lo acontecido por parte de las autoridades, pero algunas personas ubicaron la escena del crimen cerca de las oficinas centrales de una empresa privada, en la calle que va hacia el Paebanic, en el Reparto Lomas de Montserrat.
Arma de fuego
El organismo sostiene que el 79.6 por ciento de las muertes fueron causadas por armas de fuego. El uso desmedido y desproporcionado de estas, tanto en manos de grupos paramilitares como por parte de la fuerzas del Gobierno, también sigue siendo cuestionado por la ANPDH. “No (se) justifica ni su utilización ni su portación, porque no estamos en una situación de guerra, ni de conflicto entre Estados que motive la portación de esos fusiles de amplio poder de fuego”, sostuvo el defensor de derechos humanos .
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Hay otras causas de muerte, entre las que destacan personas calcinadas, acuchilladas, atropelladas y golpeadas. Y un porcentaje mínimo de personas que perecieron porque no contaron con asistencia médica o por negligencia médica.
El secretario ejecutivo de la ANPDH instó al Gobierno a garantizar a la población la seguridad ciudadana y el derecho a la vida, pues con frecuencia observan que la fuerza pública no está actuando de forma lícita, por cuanto siguen operando con los rostros ocultos, “lo que promueve actos ilícitos e impunes, fuera del marco de la ley”.
El Gobierno ha permitido que sigan operando los grupos paramilitares que ejecutan allanamientos, capturas selectivas, torturas y asesinatos. Y con este tipo de actuación persiste entre la población el temor de que existe un estado de sitio no declarado, afirmó el defensor de derechos humanos.
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La violación de los derechos humanos de los nicaragüenses, dijo Leiva, también ocurre con el incremento de los desaparecidos, a causa de secuestros que en su mayoría son ejecutados por paramilitares. La ocurrencia de muchos de estos casos denunciados ha sido en el barrio indígena de Monimbó, Masaya, donde han denunciado que esas fuerzas irregulares allegadas al Gobierno se han llevado a familias enteras.
Mientras la ANPDH ofrecía su reporte, se conoció de nuevas detenciones en el interior del país, como el caso del reconocido opositor Nardo Sequeira, en Acoyapa, Chontales.
El delegado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en ese departamento, Denis Báez, dijo que solo pudo confirmar con las autoridades de la Policía la detención y que Sequeira sería remitido a la orden del juez.
El cinismo de Murillo
La vicepresidenta Murillo, en su alocución diaria, no aceptó la responsabilidad sobre la represión contra la población. Más bien, informó la ejecución de un plan que desarrolla el Gobierno para atender lo que ella llama “la víctimas del terrorismo golpista” .
Según la visión del Gobierno, las protestas no fueron pacíficas y ellos son víctimas de un golpe de Estado. Murillo explicó que atenderán los traumas de familias víctimas.