Los funcionarios del Gobierno fracasaron a lo que llegaron este lunes 21 de mayo al Seminario Nuestra Señora de Fátima, sede del diálogo nacional. Ellos quisieron enfocar la discusión en que están preocupados por el daño a la economía y pretendieron que Nicaragua vuelva a la situación previa a la represión ordenada por presidente designado, Daniel Ortega, a las protestas iniciadas el 18 de abril pasado.
Los representantes de la Alianza de la Unidad Cívica por la Justicia y la Democracia, conformada por la sociedad civil, empresarios y estudiantes, reclamaron a los funcionarios por hablar “con cinismo” y “vivir en un estado de negación” de que “en Nicaragua hay una verdadera revolución cívica”.
La demanda de estos sectores al Gobierno fue clara: mantuvieron la exigencia que Ortega y su esposa y vicepresidenta designada, Rosario Murillo, deben renunciar.
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“Efectivamente la Policía se ha retirado a sus cuarteles (…) Lo que pasó en la UNA, la Policía emitió un comunicado y le creemos porque es una institución responsable, ha cumplido”, dijo el canciller Denis Moncada.
Lo hizo en referencia a la tregua de dos días que se acordó el viernes en el diálogo, pero que el ejecutivo incumplió con el ataque de la Policía a los estudiantes de la UNA el sábado.
Michael Healy, de la delegación de los empresarios, le respondió así al canciller: “Es preocupante que todos sigan en el mismo cuento… ¿Qué Policía es la que tenemos? Porque primero ignora lo que pasó y luego dice que sí pasó y lo pone a su gusto. El papel aguanta todo lo que quiere poner el lápiz”.
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El ministro de Hacienda, Iván Acosta, insistió en que la protesta ciudadana afecta la economía. “El derecho a la manifestación pacífica a expresarse no invalida el derecho al trabajo… Ese no puede ser lacerado en nombre de la protesta, en nombre de la lucha porque eso se vuelve injusto”, dijo.
El universitario Lésther Alemán le contestó a Acosta que “la economía no va a estar bien, mientras ellos (Ortega y Murillo) estén en el poder… Les hacemos el llamado a que le recomienden que se vayan del país para que lleguemos a esa estabilidad social”.
Castro incómodo
La represión de paramilitares y de antimotines de la Policía a las protestas dejaron 76 muertos, según el informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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“Aquí si vamos a culpar de asesinos, como se nos ha venido diciendo… son epítetos que corresponden a quienes organizaron esto” (las protestas), dijo Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN. Los estudiantes respondieron a los funcionarios que están manchados de sangre.
UNEN no pudo
Rosalía Bohórquez, dirigente de la UNEN-Managua, les dijo a los del movimiento universitario autoconvocado no tener derecho a participar en el debate. “Todos nosotros fuimos electos en nuestros recintos. Quisiera saber cuándo fueron electos”, le dijo.
Juan Sebastián Chamorro, presidente de Funides, defendió la presencia de los estudiantes del movimiento universitario: “Estos muchachos se han ganado el asiento aquí al ver a sus compañeros muertos en la calle”.