Ante el cierre de espacios democráticos en el país, la protesta es un mecanismo para demandar participación, para alzar la voz ante las injusticias; sin embargo, el régimen del presidente designado Daniel Ortega ha buscado impedirlas porque tiene miedo que una manifestación escale y demande su salida del Gobierno, a como sucedió el mes de abril, analizó el experto en derechos humanos, Uriel Pineda.
De acuerdo con el especialista, impedir las protestas corresponde a una política de Ortega, ya que es “la única alternativa que tiene la gente ante esa situación-cierre de cualquier participación en el país-, es protestar, entonces, el régimen Ortega- Murillo tiene temor, digamos, a que cualquier manifestación agarre fuerza y la gente salga a las calles a protestar, y demandar, como efectivamente, esta siendo, su salida del poder”, expresó.
Ante esta situación, el Gobierno sandinista implementa un mecanismo centrado en evitar, desalentar, impedir la protesta social, ya que es el único medio que existe “ante la negación de justicia, ante el cierre de espacios de participación democrática”, expresó Pineda. Esto se ha vivido a lo largo de los once años de Ortega.
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En el 2016, los miércoles de protesta donde la población y parte de la oposición política demandaba elecciones libres y democracia, la represión por parte de fuerzas regulares y paramilitares siempre estuvo presente. Los antimotines hacían cordones de seguridad que no permitían que los opositores se acercaran al frente del edificio del Concejo Supremo Electoral, en Managua. Mientras que las turbas orteguistas en más de una ocasión, sembraron el terror mostrando acciones violentas.
Otras insignes protestas han sido las del Movimiento Canalero. Un grupo de campesinos, cuyas tierras serían afectadas por la ruta trazada para la supuesta construcción del Canal Interoceánico. Ellos han sido reprimidos en múltiples ocasiones por la Policía Nacional. En la Nicaragua de Ortega no se les ha respetado su derecho a manifestarse y demandar la derogación de la Ley canalera, o Ley 840.
Estas situaciones responden a lo que el investigador y filósofo, Mario Sánchez, valora como la existencia de una política de Estado, que se caracteriza por limitar la participación ciudadadana, restrinjirla, además de controlar el cierre de los espacios de movilización y la protesta pacífica frente a ciertas demandas específicas. “Esa política supone la criminalización de la protesta (…)”, sostuvo el experto.
El control de las protestas que Ortega ha querido mantener durante su Gobierno se rompió hace 18 días, cuando el pueblo salió a las calles en diferentes partes del país, incluso, en lugares que eran considerados como bastión del sandinismo: Monimbó, Niquinohomo, y la misma ciudad de Managua.
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Para Sánchez hubo varios factores coyunturales en la actual conquista de las calles, que ha supuesto la revolución de abril. Primero, una indignación por el manejo que el Gobierno hizo sobre la crisis ambiental por el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, y la forma como quiso mantener un control absoluto, posterior, la reforma de la Seguridad Social- que fue derogada por la presión social- generó un rechazo y la respuesta extremadamente violenta por parte del Gobierno lo lanzó a un problema más estructural que “es el cansancio, el hastío de la sociedad en ciertos sectores de demasiados abusos, como que rebalsó los límites de la tolerancia o el sentido de no podemos permitir más”, analizó el investigador.
Las calles volvieron al pueblo
El coraje de los jóvenes de haberse mantenido frente a la extrema violencia, y la represión por parte de fuerzas regulares y paramilitares, “eso rompió como esa barrera del temor y eso motivó a la población a solidarizarse a los movimientos de jóvenes”, expresó Sánchez.
Para Sánchez, hubo una sumatoria de dinámicas en la que las personas han vivido cansados de tanto abuso de poder, de tanta impunidad, de tanto atropello.
