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Ortega tiene que irse del poder

Por primera vez desde el triunfo de la revolución sandinista de 1979, Daniel Ortega y el FSLN han perdido el control de las calles. Esto es un hecho trascendental que modifica el rumbo de la historia nacional. A partir de aquí, Nicaragua ya no podrá ser la misma.

La represión despiadada de las fuerzas policiales y las turbas orteguistas, que ha causado muchos muertos y heridos, convirtió las protestas pacíficas de los jóvenes y la población en general en una insurrección cívica. Irónicamente, para justificar su criminal represión Ortega ha usado las mismas palabras con las que el difunto dictador Anastasio Somoza Debayle justificó la sangrienta represión contra las insurrecciones sandinistas de 1978 y 1979. Pero además, superando a Somoza el dictador Ortega ha mandado sus turbas a saquear los comercios, a fin de culpar a los estudiantes insurrectos y enemistarlos con los empresarios.

Ortega anunció ayer que las reformas del Seguro Social han sido revocadas por el Consejo Directivo del INSS. Esto es una burda farsa que no puede engañar a nadie, porque el único que tiene potestad legal para revocar esas reformas, que fueron publicadas en La Gaceta, Diario Oficial, es el mismo Daniel Ortega por medio de otro decreto presidencial.

Pero esto se ha vuelto secundario. La crisis provocada por Ortega ha rebasado el tema de las reformas del INSS. Como han manifestado los diversos gremios empresariales que convocaron a una gran marcha nacional para hoy en la tarde, en Managua, decisión que fue ratificada anoche por el Cosep, como condición del diálogo con el Gobierno este debe poner fin a la represión, respetar el derecho de movilización pacífica, poner en libertad a todos los detenidos durante los disturbios, respetar la libertad de expresión irrestricta, incluyendo el restablecimiento del canal de televisión 100% Noticias. Y hay que exigir el castigo a los cabecillas policiales de la represión, agregamos nosotros.

Incluso los empresarios de las zonas francas, que acompañaron ayer a Ortega al anunciar la maniobra de que el Consejo Directivo del INSS ha revocado las reformas unilaterales, reclamaron el restablecimiento inmediato de la seguridad ciudadana y el respeto de los derechos humanos, para que se pueda instalar un diálogo para la paz.

Como han demandado los empresarios y toda la sociedad, el diálogo debe incluir los grandes temas nacionales y asegurar la participación de representantes de los jóvenes insurreccionados, sectores académicos y la Conferencia Episcopal.

Pero eso ya no puede ser suficiente. Los empresarios también deben convocar a un paro nacional. Daniel Ortega ya no tiene capacidad política ni autoridad moral para seguir gobernando. Ortega tiene que salir pacíficamente del poder o tendrá que irse como se fue Somoza.

En el diálogo nacional, que debería ser mediado y garantizado por la comunidad internacional, al menos por la OEA, se tiene que acordar la salida de Ortega, las garantías de una transición ordenada y pacífica a la democracia y, primordialmente, la convocatoria a elecciones libres y transparentes.

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