Escuelas y universidades de varios municipios de Nicaragua suspendieron este jueves las clases ante la violencia a causa de nuevas medidas de seguridad social, que aumenta la cuota patronal y laboral, entre otras.
Centros de educación como el Instituto Pedagógico La Salle, Colegio Liceo Franciscano, Colegio Bautista, situados en las ciudades de León, Managua y Masaya, dejaron de dar clases y enviaron de vuelta a casa a los estudiantes.
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Diversas escuelas públicas suspendieron las clases del turno vespertino sin otra explicación que “por órdenes del Ministerio de Educación”, afirmaron los maestros, lo que no fue confirmado ni negado por las autoridades.
Horas antes las clases habían sido suspendidas de forma indefinida en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) con sus recintos en Managua, León y Estelí, la Universidad Nacional Agraria, tanto en la capital como en la ciudad norteña, la Universidad Centroamericana (UCA), y la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).
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En el caso de las universidades, la interrupción se debió a que son escenarios de brotes de violencia entre alumnos que se negaron a apoyar las medidas del Gobierno y los que sí las respaldan, quienes además fueron reforzados por motociclistas y encapuchados, más la protección de la Policía Nacional.
LA PRENSA intentó comunicarse con el presidente del Consejo Nacional de Universidad (CNU), Telémaco Talavera, pero este no contestó la llamada telefónica.
Las nuevas medidas de seguridad social establece que el pago que realizan los trabajadores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), pasa de 6.25 a 7 por ciento a partir del 1 de julio próximo.
Desde esa misma fecha la cuota de la patronal pasó del 19 al 21 por ciento, y 1 punto porcentual más a partir del 1 de enero de 2019 y 0.5 puntos porcentuales a partir de 2020, hasta alcanzar un 22.5 por ciento.
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Adicionalmente se estableció la cotización perpetua, ya que los jubilados aportarán un 5 por ciento de la pensión en concepto de cobertura de enfermedades, pero además recibirán, sobre la cuantía de su pensión, asignaciones familiares equivalentes al 13.5 por ciento por la esposa o esposo inválido (era 15 por ciento) y 9 por ciento por cada hijo menor de 15 años o ascendientes a su cargo mayores de 60 años (era 10 por ciento).
Las reformas también eliminan el salario máximo para cotizar, que hasta ahora es de 88,005.78 córdobas (unos 2,818 dólares), pero a partir del 1 de julio si un trabajador devenga más que ese sueldo, su cotización será de 7 por ciento en base a su salario bruto.
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Las medidas han sido criticadas por todos los sectores económicos, tanto empresariales como expertos, quienes afirman que las mismas, lejos de evitar la quiebra del INSS, traerán desempleo e informalidad, a la vez que disminuirá el consumo, la competitividad y el clima de negocios.