Seguro Social nicaragüense. INSS, políticas de desarrollo, instituciones públicas

Para poder conocer las razones subyacentes de los procesos económicos y sociales que vive el país, se requeriría un acceso mucho más abierto a la información pública. LA PRENSA/ARCHIVO

Samuelson, el FMI y el Seguro Social

En el caso de Nicaragua, algunos estudios han mostrado que la tasa interna de retorno del sistema es superior a la tasa de crecimiento del PIB. Pero aquí existen problemas clave, que se deberían considerar.

La idea básica de Samuelson es que un sistema de seguro social financiado a través de transferencias intergeneracionales sólo será viable si su tasa interna de retorno no supera la tasa de crecimiento de los salarios reales – como expresión del crecimiento de la productividad – más la tasa de crecimiento de la población cotizante, o lo que es lo mismo, si no supera el crecimiento de la base fiscal real del sistema, que en el largo plazo es el Producto Interno Bruto (PIB).

Aunque se ha cuestionado el modelo de Samuelson, argumentando que supone un crecimiento estable de la población, puede mostrarse que la tasa interna de retorno de un sistema de seguro social equilibrado es aproximadamente igual a la tasa de crecimiento del PIB, tanto para un modelo de población estable como no estable.

En el caso de Nicaragua, algunos estudios han mostrado que la tasa interna de retorno del sistema es superior a la tasa de crecimiento del PIB. Pero aquí existen problemas clave, que se deberían considerar.

La tasa de crecimiento del PIB equivale a la suma de la tasa de crecimiento de la ocupación más la tasa de crecimiento de la productividad media del trabajo. Hasta ahora, la tasa de crecimiento del PIB se encuentra limitada por cuanto la misma se explica, fundamentalmente, por el crecimiento de la fuerza de trabajo, mientras que el crecimiento de la productividad ha sido más que insuficiente.

La razón de esto es que, dado que la productividad media es una media ponderada, el hecho de que la mayor parte del empleo generado por nuestra economía sea empleo de muy baja productividad lastra severamente el crecimiento de la productividad media, y dicho empleo, por sus propias características, no puede encontrar cabida en la base fiscal real del sistema.

A su vez, dada la presión que ejerce la enorme masa de subempleados y personas en ocupación precaria, de muy baja productividad, los salarios reales de quienes están ocupados en actividades de mayor productividad relativa son muy bajos, lo cual también lastra el crecimiento de la base fiscal real del sistema.

La viabilidad del mismo se verá aún más comprometida cuando, por razones demográficas, comienza a incrementarse el porcentaje de personas que demandan una pensión en comparación al número de cotizantes, y las pensiones promedio reales crecen por encima del crecimiento del salario medios reales de los cotizantes.

Pero, además, el Programa IVM del INSS se ha visto sobrecargado con funciones que corresponden a la política de protección social del Estado, lo cual impone una carga financiera muy pesada sobre su sostenibilidad; y esta entidad enfrenta, asimismo, gastos administrativos muy altos.

En este contexto, asumiendo que todo se mantiene constante, parecería que la única manera de que el sistema podría sostenerse sería incrementando la tasa de cotización, reduciendo el monto de las pensiones, alargando el tiempo en que las personas cotizan y reduciendo con ello el número de personas que reciben pensión, o mediante una combinación de estas opciones, como ha sugerido el FMI.

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Pero, si bien ello extendería por algún tiempo el periodo de solvencia del INSS, lo haría al costo de hacer desaparecer la propia razón de ser esencial de la seguridad social, y al cabo cierto tiempo, habrá que recurrir a nuevas rondas de reformas,aun más draconianas.

A la larga, la única manera en que el sistema de seguridad social nicaragüense puede ser viable, y cumplir de la mejor manera posible sus objetivos esenciales en términos de proveer una pensión digna, es liberando al INSS de responsabilidades que no le corresponden y, sobre todo, si se efectúa un esfuerzo nacional coordinado, de la envergadura necesaria, para transformar el patrón de crecimiento económico, de manera que el crecimiento de la fuerza de trabajo resultante del bono demográfico y el bono femenino se corresponda con la adecuada  expansión del porcentaje de empleos de mayor productividad e ingresos en el empleo total y con ello, de la base fiscal real del sistema.
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Este esfuerzo no puede ser postergado. En unos 27 años, el bono demográfico habrá finalizado y, debido a la rapidez del proceso de envejecimiento, el porcentaje de adultos mayores en la población total se estará acercando al que muestran hoy los envejecidos países
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