La juez Primero Local Penal de León, Ligia Marín, declaró no culpable al periodista leonés Pedro Altamirano, quien enfrentaba una querella por el delito de injurias y calumnias promovida por Luis Tomás Urroz Álvarez, propietario de miniferretería Urroz.
La judicial consideró que las pruebas presentadas en contra de Altamirano eran insuficientes para demostrar la acusación por injurias y calumnias.
“El contenido de la querella eran hechos que dejaban en evidencia que Pedro cumplió su función de periodista”, expresó el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Gonzalo Carrión, quien señaló que fue “un juicio que no debió ser”.
Al concluir la audiencia, Altamirano, con cuatro años de experiencia en la profesión, expresó que la querella a la que se enfrentó demostró una vez más que la libertad de prensa y de información “en Nicaragua es cercenada”.
En un inicio el acceso al edificio de los Juzgados de León fue prohibido para los periodistas locales debido a una audiencia programada para este día tras una querella contra el periodista Pedro Altamirano por injurias y calumnias entablada por el propietario de una ferretería local, por una noticia relacionada con una demanda laboral por el pago de prestaciones de un extrabajador de ese negocio. Al final solo un periodista que dijo se había acreditado con anticipación para cubrir la audiencia pudo estar en el interior de la Sala, el resto de profesionales les permitieron acceder al interior del edificio.
“No hay entrada no solo a la Sala a todo el edificio…de la calle no pasás”, explicó el abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, quien conoció de parte de los periodistas locales, lo que consideró una disposición desproporcionada, arbitraria y una expresión de abuso de poder por parte de las autoridades judiciales de Léon.
“A partir del caso mismo de la querella, tienen inaccesible a todo el edifici. Es un absurdo, un caracterizado abuso de poder, porque de qué fiscalización se están escondiendo, va más allá de la audiencia misma, cerrando el edificio para la cobertura periodística”, dijo Carrión.
En una denuncia presentada este martes en el Cenidh, Altamirano dice que la supuestas pruebas presentadas en su contra son las publicaciones realizadas en su cuenta personal de Facebook, “en las que en todo momento cité los documentos judiciales del caso, testimonios directos de los denunciantes”.
“Igualmente las personas que me acusan, presentaron como pruebas una serie de comentarios de personas ajenas realizadas en la publicación periodística que hice de la noticia. Mis acusadores intentan responsabilizarme a mi por lo que otras personas comentan y aseguran que mi noticia les ha causado una serie de problemas y ha provocado que haya gente que los llama para amenazarlos lo cual es ajeno a mi interés profesional”, señala Altamirano en su denuncia escrita en el Cenidh.
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“Quiero dejar claro en esta denuncia ante el Cenidh que esta acusación sin ningún fundamento y carente de toda lógica y argumentos legales y las presiones a las que estoy siendo sometido tienen como único objetivo callarme y es una señal intimidatoria con la que el sistema judicial pretender imponer un mensaje claro contra la libertad de expresión y prensa. Es violatoria a mi condición de ciudadano nicaragüense, cuyo derecho a informar está consignado en la Constitución Política y en los tratados y convenciones internaciones suscritos por el país”, añade el escrito.
La audiencia está prevista a celebrarse esta mañana en el Juzgado Primero de lo Penal de León.