El obispo de Estelí y vocero de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Abelardo Mata, calificó como “delito de lesa humanidad” la matanza de seis personas, entre ellas dos menores de edad, perpetrada por el Ejército el 12 de noviembre en La Cruz de Río Grande.
Monseñor Mata fue mucho más categórico que el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Leopoldo Brenes, quien el domingo pasado se refirió al caso diciendo que “sería interesante” que el Ejército entregara a sus familiares los cadáveres de las víctimas que fueron enterrados como animales en una fosa común.
En sus declaraciones exclusivas para LA PRENSA, brindadas por medio de las redes sociales desde El Salvador donde participa en una reunión de trabajo, monseñor Mata señaló que “los hechores de este delito deben ser llevados a los tribunales, máxime que hubo dolo en su acto ejecutado, ya que ocultan los cadáveres para que las cosas se vean solo con la versión que ellos emiten oficialmente”.
Como presidente de una asociación defensora de los derechos humanos, monseñor Mata conoce muy bien la naturaleza jurídica de la materia, de manera que no habla a la ligera cuando califica la matanza de La Cruz de Río Grande como delito de lesa humanidad.
Los delitos o crímenes de lesa humanidad son aquellos que por sus características lesionan los sentimientos de toda la familia humana. Los delitos de lesa humanidad, igual que el genocidio, los crímenes de guerra y el crimen de agresión, están tipificados en el Estatuto de Roma, que es el instrumento jurídico constitutivo de la Corte Penal Internacional, facultada para investigarlos, juzgarlos y condenar a quienes los cometen.
Precisamente en estos días la dictadura bolivariana de Venezuela ha sido acusada ante la Corte Penal Internacional de cometer masivamente delitos de lesa humanidad. La exfiscal general venezolana, Luisa Ortega, presentó el 16 de noviembre ante dicho tribunal un expediente con más de mil elementos probatorios de tales delitos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, incluyendo la muerte de hasta unas ocho mil personas, muchísimos casos de torturas y el encarcelamiento arbitrario de por lo menos 17 mil venezolanos.
En Nicaragua la situación no ha llegado a ese extremo. Pero ya sean miles o solo unos cuantos, los delitos de lesa humanidad agravian la conciencia humana y cuando menos deben ser denunciados públicamente como tales, como ha hecho monseñor Mata.
Aunque el poder civil y militar de Nicaragua se niegue a dar explicaciones sobre la matanza de La Cruz de Río Grande, este y otros hechos iguales o parecidos que han ocurrido anteriormente deben ser no solo documentados por los organismos defensores de los derechos humanos, sino también presentados oportunamente ante las instancias internacionales correspondientes.
Si en el país no hay justicia para las múltiples violaciones de los derechos humanos, por lo menos se les debe denunciar internacionalmente y que el mundo sepa qué pasa en Nicaragua, detrás de la fachada de falsa democracia y de un hipócrita “modelo” de diálogo y consenso nacional.
