Usando la fuerza policial, el régimen no permitió que las mujeres celebraran libremente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. O, dicho de otro modo, el gobierno orteguista celebró esta jornada mundial a su manera, ejerciendo la violencia contra las mujeres.
Según informó LA PRENSA el domingo recién pasado bajo el título Lanzan antimotines contra mujeres, “El Gobierno exhibió en Managua un desproporcionado despliegue de fuerzas especiales para impedir que las mujeres pudiesen manifestarse en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.
En la información se detalló que los antimotines colocaron vallas para impedir por la fuerza la marcha de las mujeres contra la violencia de género, mientras que en el interior del país, efectivos policiales y funcionarios del Ministerio de Transporte e Infraestructura impidieron la circulación de vehículos que trasladaban mujeres hacia Managua para participar en la celebración.
Afortunadamente, la represión policial contra las mujeres no llegó al extremo de golpearlas o algo peor, pues del endurecimiento represivo de la dictadura todo se puede esperar. Y tal vez las hubieran golpeado, si las organizadoras de la protesta no hubieran decidido prudentemente culminar su celebración en el sitio hasta donde los antimotines les permitieron avanzar.
Para tratar de justificar la represión contra las mujeres, la Policía dijo en un comunicado, que fue “para mantener el orden público y el derecho a la libre movilidad de las personas y circulación de vehículos”. Sin embargo, lo que pareciera ser una explicación legal razonable es una hipocresía, pues la Policía permite las movilizaciones de los partidarios orteguistas e inclusive las resguarda con gran despliegue de fuerza numérica y armada.
También es cinismo decir que la represión contra las mujeres fue para garantizar la libre movilidad de las personas y circulación de vehículos, siendo que ese día impidieron que circularan libremente los medios de transporte en los que las mujeres de los departamentos trataban de llegar a Managua para sumarse a la actividad.
El artículo 54 de la Constitución establece que el derecho de concentración, manifestación y movilización pública se ejerce “de conformidad con la ley”. Y según el artículo 76 del Reglamento de la Policía, esta debe autorizar la realización de manifestaciones públicas.
Sin embargo, cuando los organismos sociales independientes solicitan permiso para hacer sus manifestaciones públicas, la Policía autoriza marchas paralelas de agresivas turbas oficialistas, o les niega el permiso aduciendo que otras organizaciones ya lo habían solicitado para manifestarse en el mismo lugar, fecha y hora.
Es comprensible, entonces, que las mujeres salieran a la calle sin permiso, acogidas al derecho constitucional que al fin y al cabo está por encima de la reglamentación policial. Y en este caso la Policía no tenía por qué usar la fuerza para impedir la manifestación, bastaba acordar con las mujeres que marcharían por un lado de la vía, para no obstaculizar el tráfico.
Pero la Policía ya no es una institución profesional y apartidista, al servicio de todos los nicaragüenses. Ahora es solo un instrumento de la represión orteguista.
