Rosa Jiménez López, de 72 años, a firma que ni su edad ni las enfermedades que padece, la detendrán para reclamar a la alcaldesa de del municipio La Paz, en Carazo Karla Licinia Delgado Chávez le regrese o pague la propiedad que por más de siete décadas le ha pertenecido a su familia y que actualmente está siendo usurpada por la Alcaldía de la comunidad sin pagarle ni un centavo por ella.
LA PRENSA buscó por una semana la versión de la alcaldesa Delgado Chávez, visitándola en su despacho y llamando por teléfono a su oficina, pero no quiso atender la solicitud. Igual llamó al asesor legal de la alcaldía de La Paz, pero este dijo no poder hablar sin autorización de la alcaldesa.
La propiedad en reclamo mide aproximadamente media manzana de tierra y está ubicada de la iglesia católica de la municipalidad, media cuadra al este. Ahí la alcaldía construyó un CDI, la Casa materna y la casona donde vivieron los abuelos de la denunciante la volvieron Casa museo comunitaria “La Chompipa”, con todos los enseres de la familia dentro.
Traspaso fraudulento
El despojo de la propiedad a la denunciante se hace en dos momentos. La primera parte (1,043.53 varas cuadradas cercenadas del terreno matriz) mediante sentencia falsa de título supletorio cuya beneficiada es Nidia Rodríguez, persona desconocida en el municipio según afectada. Esto se fraguó desde el 2006 y se materializó en el 2011.
Mientras el segundo momento del despojo del resto de la propiedad fue en el 2014 mediante compra-venta a Ernesto López, pariente de la denunciante que no tiene derecho legal para vender, pues no figura en la sentencia de herederos.
Según documentos judiciales a los que LA PRENSA tuvo acceso, el 9 de octubre de 2006 el abogado Manuel Selva Mendoza presentó ante el Juzgado Local Único de La Paz una demanda de Título Supletorio a favor de la señora Nidia Rodríguez, quien supuestamente tenía 10 años de vivir de forma ininterrumpida en dicha propiedad y ofreció como testigos a Leticia López Alemán y a José Domingo Delgado Peralta, ambos ya fallecidos.
Estos testigos son los abuelos paternos de la actual alcaldesa Karla Licinia Delgado Chávez , quien se postula como candidata por el partido Frente Sandinista, para las elecciones del próximo domingo.
Esta causa fue archivada por el juez único local Donald Ruiz, el 8 de noviembre de 2011 por abandono de la misma, de parte interesada y se mandó a notificar dicho auto, según expediente judicial.
Sentencia falsa
Sin embargo, en el 2014 aparece Horacio Delgado Vasconcelos, tío abuelo de la alcaldesa, como representante de Nidia Rodríguez, con una certificación de sentencia del 2007 donde supuestamente el Juez Donald Ruiz falla a favor de Rodríguez, y vende dicho lote (cercenado de hecho de la propiedad reclamada por Rosa Jiménez), a la Alcaldía de La Paz, representada por la alcaldesa Karla Licinia Delgado, quien paga supuestamente10 mil dólares por la propiedad de los fondos municipales.
La certificación de sentencia dada supuestamente por el juez Ruiz a Rodríguez fue inscrita en el Registro de la Propiedad de Carazo en el Asiento primero, folio 98, tomo 574, finca 38.368 de la sección de derechos reales.
LA PRENSA buscó la versión del abogado Manuel Selva Mendoza, quien hizo las gestiones del titulo supletorio, pero no contestó las llamadas a su celular ni los mensajes de texto enviados solicitándole información al respecto.
Toda la trama legal se hizo a espalda de la denunciante Rosa Jiménez López, quien al enterarse de la venta quiso entrar a la propiedad junto a su hija Saida Maltez Jiménez y no las dejaron entrar ni a la casa donde vivieron sus abuelos y tías.
“Nosotras quisimos arreglar el problema y pedimos audiencias con la alcaldesa, pero no nos quiso recibir. Un coordinador político departamental dijo que hablaría con ella para solucionar el problema que me esperara que no hiciera nada y pasó el tiempo en espera”, relató Saida Maltez Jiménez.
Alcaldía se toma resto de propiedad
Para su sorpresa en el 2015 la Alcaldía, lejos de solucionar el problema de la propiedad con ellas, se apodera del resto de la tierra y monta el museo municipal en la casa de sus tatarabuelos (Alfredo López y Felipa Jiménez) y construye un CDI en el resto de la propiedad, despojándolas completamente de su patrimonio, agregó Maltez.
La Alcaldía dijo que le había comprado el resto de la propiedad a Ernesto López Tardencilla, sobrino de la denunciante Rosa Jiménez, pero este no tiene derecho legal de vender, afirmó la afectada, pues la propiedad no está asu nombre. LA PRENSA buscó la versión del señalado en su casa de habitación, pero dijeron que no estaba y no quisieron dar número de teléfono.
En ese mismo año 2015 las afectadas interpusieron demanda en el Juzgado Distrito Civil de Jinotepe por cancelación de titulo supletorio, nulidad de instrumento público y cancelación de asiento registral, pero esta causa está estancada en dicho juzgado.
En diciembre del 2016 al realizar gestiones en el Juzgado Único de La Paz, en busca de una certificación de la sentencia supuestamente emitida en el 2007 a favor de Nidia Rodríguez se enteran que la sentencia no existe en el libro copiador de sentencia de ese año en el juzgado, por lo que procedió a la denuncia ante el Ministerio Público en el 2017.
“Al ver que la sentencia es totalmente falsa al no existir en el libro copiador de sentencia del Juzgado y tener superpuesto o escaneado el sello y mi firma. Además, no tiene mi rúbrica y el tipo de letra no coincide con el tipo de máquina que tenemos en los juzganos interpuse mi denuncia en el Ministerio Público de Jinotepe e informe a Inspectoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia”, dijo el juez Donald Ruiz.
Fiscalía desestima denuncia
Tanto Saida Maltez como el juez Ruiz interpusieron su denuncia de forma separada ante la Fiscalía. El juez señaló en su denuncia los delitos de falsificación material e ideológica de documentos público y auténticos y fraude por simulación.
Sin embargo, en marzo del 2017, la fiscal auxiliar Dina Tellez López emitió resolución que está en poder de LA PRENSA, donde dispone archivar ambas denuncias. “…para que exista delito primero debe ser demostrado la falsedad de dicho documento, mediante el peritaje respectivo, lo cual debe hacerse mediante el juicio referido, por lo tanto en el presente caso, no se puede proceder a una acusación”, dice la resolución fiscal.
En la misma resolución la Fiscalía dice que la denuncia es “…irrelevante para el derecho penal”.
“Me están negando el derecho de acceso a la justicia con tantos obstáculos, la Fiscalía no actúa como representante de la víctima y protege a mis agresores, quiero que la Alcaldía de La Paz me pague mi propiedad, porque está claro que ya no me la van a restituir si hasta con las pertenencias personales de mis tías se quedaron”, dijo Rosa Jiménez.
CSJ investiga
A pesar que la denuncia no prosperó en la Fiscalía, y el caso está estancado en el Juzgado Distrito Civil de Jinotepe, el Consejo de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia abrió proceso informativo contra el abogado Manuel Salvador Selva Mendoza, María Auxiliadora Lara Mendieta, secretaria del Juzgado Local único de la La Paz carazo y contra Gloria Socorro Ruiz Bolaños, Registradora Pública y Mercantil de Carazo, ante la denuncia del juez Donald Ruiz.
Las magistrada Alba Luz Ramos, Juana Méndez y Virgilio Gurdían mandaron a oír a los implicados y solicitaron la inspección ocular del expediente 000024-0788-2007 CV y de los libros de Registro relacionados a la causa referida. Además mandó a preguntar por las diligencias realizadas por la Policía al respecto.
En septiembre de 2017, el Juzgado Local Único de La Paz mandó el expediente a Inspectoría Judicial de la Corte.
4.2 millones de córdoba es el costo aproximado de la propiedad en litigio en La Paz, Carazo y que actualmente es usurpada por la Alcaldía de la municipalidad, según denuncia la afectada Rosa Jiménez.
