Desprestigio, hostigamiento, agresiones y amenazas fueron denunciadas ayer en audiencia durante el 164 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrolla en México, por parte de la Iniciativa de Defensoras de Nicaragua.
Por cuarta ocasión, el Gobierno en representación del Estado de Nicaragua, no se presentó a la audiencia para conocer la situación de las defensoras de mujeres.
La presidenta de la sesión, comisionada Margarette May Macaulay, se mostró sorprendida porque el último informe de país que tiene la CIDH sobre Nicaragua es desde 1981.
El grupo de defensoras expuso que en Nicaragua existe un mayor nivel de vulnerabilidad. “En el último período han aumentado las amenazas y la criminalización valiéndose de investigaciones, vigilancia, amenazas, detenciones interrogatorios ilegales y el uso de listas estigmatizantes y excluyentes (… ) en los últimos dos años se han incrementado las agresiones hacia las defensoras y defensores de la tierra”, explicó Mónica López.
La dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Juanita Jiménez, mencionó las campañas de desprestigio a través de medios y redes sociales afines al Gobierno contra líderes de ese movimiento como Sofía Montenegro, Azahalea Solís, Ana Quiros, así como en contra de la líder del movimiento campesino, Francisca Ramírez, y en contra de la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, poniendo en riesgo la seguridad de estas al revelar sus fotos y datos personales.
La Iniciativa de Defensoras solicitó a la CIDH que instruyan al Estado de Nicaragua que implemente las medidas cautelares a favor de Núñez e integrantes del Cenidh, así como a favor de Lottie Cunningham e integrantes del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan).
También piden medidas cautelares a favor de Francisca Ramírez sometida ante esa comisión anteriormente. Momentos antes las peticionarias habían expuesto la restricción al derecho de movilización, militarización de comunidades, amenazas y hostigamiento psicológico al movimiento campesino.
Otro mecanismo de ataque e intimidación, denunció Jiménez, han sido las detenciones arbitrarias e impedimento de asistencia legal como ocurrió con Ana Patricia Martínez en el norte del país. Igualmente la criminalización acompañada de violencia extrema, tratos inhumanos por reclamar arbitrariedades como sucedió con Arely Cano, Aydil del Carmen Urbina y Thlema Francisca Suárez “quienes fueron pateadas, golpeadas y sometidas a exploraciones vaginales causándoles lesiones físicas y afectaciones sicológicas”.
Que investiguen casos denunciados
Las defensoras nicaragüenses solicitaron a la CIDH exhorte al Estado de Nicaragua investigue de manera efectiva e independiente los casos de criminalización denunciados. A su vez, que sancione a agentes estatales que resulten involucrados en los mismos y garantice la reparación para las víctimas.
Igualmente le piden que requiera al Estado de Nicaragua para que sea creado un mecanismo de protección y un protocolo de investigación para las defensoras de derechos humanos con perspectiva de género. Recuerda que esto ya fue establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia en el caso María Luisa Acosta.
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agresiones contra defensoras de derechos humanos registra la Iniciativa de Defensoras de Nicaragua en los dos últimos años. El 45 por ciento de las mismas han sido perpetradas por autoridades estatales.