El procurador general de la República, Hernán Estrada Santamaría, fue asesor legal de la constructora Santa Fe, la misma que el año pasado fue beneficiada con un contrato de arriendo para explotar material selecto para construcción, en una propiedad desmembrada por la Procuraduría General de la República, y que es reclamada como propia por el empresario nica-estadounidense Silvio Argüello Herdocia.
En La Gaceta, Diario Oficial del Estado, del 25 de enero del 2002, se revela que Estrada, cuando ejercía como abogado independiente, se personó como apoderado legal de la empresa Santa Fe (en ese tiempo Consorcio Meco Santa Fe) para solicitar un registro de propaganda de la empresa.
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Ya como procurador, Estrada emitió en 2016 una resolución en la que desmembró la finca El Porvenir y entregó 30 manzanas de tierra de la misma al ciudadano Félix Pedro García, el cual posteriormente firmó un contrato de arriendo de estos terrenos a la constructora Santa Fe, para la explotación de material selecto para construcción.
La vocera de la Procuraduría indicó que “el procurador general de la República ejercía privadamente hasta 2007”.
Poder de representación
El actual procurador fue quien gestionó legalmente la primera concesión que obtuvo la constructora, en el mismo sitio en el cual opera actualmente. Esta fue entregada en 2002 y posteriormente anulada el 20 de noviembre de 2007, con el actual presidente designado por el poder electoral, Daniel Ortega, en el poder. Sin embargo, en 2016, la constructora, denominada ahora como Santa Fe, recuperó la concesión con el Ministerio de Energía y Minas y firmó el contrato de arriendo con Félix Pedro García.
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De acuerdo con los abogados de Félix Pedro García, quienes fueron los que confirmaron a este diario el 29 de agosto pasado la firma del contrato de arriendo de este con la constructora Santa Fe, su representado fue beneficiado con 30 manzanas de la propiedad porque esta pertenece al Estado, el cual, por medio de la Procuraduría General de la República, “restituyó el derecho” a este ciudadano por haber vivido en la misma desde hace más de 40 años, pese a no tener una documentación que lo adjudicase como dueño.
Expropiación de facto
El empresario nica-estadounidense Silvio Argüello Herdocia alega que la finca El Porvenir pertenece a su familia y que la Procuraduría está realizando una expropiación de facto de su propiedad, aduciendo que nunca fue indemnizado por la misma.
Él ha calificado a Félix Pedro García como un “tomatierras” que forma parte de la conspiración en su contra, que asegura, mantiene la Procuraduría General de la República. Además, insiste en que esta institución nunca le pudo demostrar en su contra un finiquito que confirmase que él y su familia fueron indemnizados por la propiedad.
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“El señor procurador tiene un evidente conflicto de interés en todo este caso, porque él fue notario y abogado de la constructora, cuando era la Meco Santa Fe. Pareciera que quedó molesto después de que le anularan la concesión en 2007, porque en ese mismo momento es que inició todo este hostigamiento en contra de nosotros. Sí el mismo presidente Daniel Ortega mandó a paralizar esa concesión por irregularidades en su adjudicación”, dijo Argüello Herdocia.
Constructora confirma
La Constructora Santa Fe en un comunicado enviado a este diario también confirmó el vínculo con Hernán Estrada e insiste en que la empresa no tiene nada que ver en el conflicto judicial entre el empresario Silvio Argüello Herdocia y los señores Félix Pedro García y Alejandro Donaire Machado.
“Hace 17 años, el doctor Hernán Estrada prestó servicios notariales a la Empresa Corporación M&S (Meco-Santa Fe), no directamente a don Marco Solís (uno de los actuales propietarios de la constructora Santa Fe). En ese momento el doctor Estrada no tenía ningún impedimento legal para ejercer la profesión. El supuesto conflicto de propiedad del señor Silvio Argüello no es directamente con Constructora Santa Fe, sino con los señores Félix Pedro García y Álvaro Donaire Machado. El señor Silvio Argüello debería ventilar su conflicto en los tribunales de justicia, en contra de las personas directamente involucradas”, dice el comunicado.