Serena pero con los ojos llorosos, Francisca Ramírez, líder campesina de La Fonseca, asegura que la represión del gobierno de Daniel Ortega no la amedrenta. Más bien la impulsa a seguir luchando hasta que se derogue la Ley 840, que según ella, amenaza las tierras de los campesinos.
“Estoy indignada porque en este país se quiere vender la imagen de que se respetan nuestros derechos, cuando nuestros derechos se nos violentan, derechos humanos, derechos de la comida, de la vida, porque desde este sábado los campesinos queríamos manifestarnos con amor por el derecho de la tierra, porque amamos nuestra tierra. Qué indignación la que sentimos porque se nos violan nuestros derechos y que sepa el mundo entero que aquí se nos violan nuestros derechos”, expresó Ramírez, luego de concluir la marcha por la derogación de la Ley 840.
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Unos ochocientos campesinos estuvieron retenidos desde el viernes en la comunidad La Sardina, ubicada a tres kilómetros de Nueva Guinea, donde las fuerzas antimotines no los dejaron avanzar rumbo a Juigalpa, lugar en que celebrarían la marcha número 87 por el Día Mundial de la Tierra.
La líder campesina del Consejo Nacional por la Tierra, Lago y Soberanía, explicó que aunque el Gobierno los obstaculice con represión y bloqueo vendrán nuevas marchas.
“Esto no se detiene. Esto apenas empieza. Lamentamos que la OEA, una organización que vela por los derechos humanos, aquí en este país se haya portado frágil mirando la realidad que estamos viviendo en este país”, lamentó la líder campesina, de la comunidad La Fonseca, en Nueva Guinea.
Nicaragua volverá a ser República
Alzando banderas azules y blancas, los campesinos abandonaron este sábado la marcha, en las periferias de Nueva Guinea, advirtiendo al gobierno de Ortega que la defensa de sus tierras es su prioridad.
“Gracias por esa cordura pacífica y decirle a Nicaragua aquí estamos los campesinos nuevamente presentes luchando por la soberanía, la tierra y defendiendo nuestra patria. No es culpa de los campesinos no haber llegado a su meta. Ya sabemos que tenemos un Gobierno represor, que nos martiriza, nos golpea y nos amedrenta, pero aquí no se termina la lucha, la lucha sigue pero que el mundo sepa lo que vivimos en Nicaragua que algún día volverá a ser República”, expresó el campesino Nemesio Mejía, originario de Punta Gorda.
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Abel Gatica, con lágrimas en sus mejillas, afirmó que pese al bloqueo del Gobierno a sus marchas y a las violaciones a la Constitución, la lucha campesina por la derogación de la Ley 840 no la detiene el Gobierno.
“Este Gobierno es represor, violenta nuestra Constitución y como campesinos nos han ultrajado, pero hermanos nicaragüenses, esta lucha no es solamente de nosotros los campesinos es de todos porque si no luchamos, nuestra tierra y hasta nuestra patria le será cedida a un chino”, dijo Gatica.
En Juigalpa, el Movimiento Campesino Anticanal dio por culminada la protesta a mediodía de este sábado, sin embargo la presencia de policías en la carretera principal y otras zonas de la ciudad se mantuvo hasta la caída de la tarde. Para Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), lo que hubo fue militarización, “no podías circular libremente, además que hubo detenidos que tuvieron que soltar rápidamente”, añadió.
Según Mónica López Baltodano, abogada del Movimiento Campesino Anticanal, aproximadamente quinientas personas pudieron llegar a Juigalpa, pese a la represión y cerco policial. Una de ellas fue Ronald Enríquez, miembro del Movimiento Campesino Anticanal, quien llegó desde Rivas.
Gobierno debe convocar al diálogo
Pero pese a la intención de evitar la manifestación de los campesinos, para López Baltodano, este sábado fue un día de logros porque encima de esto se visibilizó una vez más el esfuerzo y quedó en evidencia que Ortega pisotea al pueblo a su gusto y antojo.
“Este Gobierno lo que debería de estar haciendo ahora, con 87 marchas, es convocando a un diálogo nacional, pidiendo hablar con la gente y reconocer sus errores. En vez de hacer eso ¿qué es lo hace?, despliega a los antimotines, está cometiendo un grave error si cree que de esa manera va a desarticular el movimiento, los campesinos han tenido una gran convicción y dicen que no van a parar y somos más las personas de las ciudades que nos sumamos al esfuerzo”, destacó López Baltodano.
Retenes en corredor a Juigalpa
Por motivo de la marcha anticanal, en el empalme de San Benito, puente Las Banderas y empalme de Boaco —ruta que conduce a Juigalpa— se mantuvieron numerosos policías deteniendo a la mayoría de vehículos que circulaban. Además de solicitar documentos preguntaban si iban a la marcha anticanal.
Unos seiscientos policías antidisturbios armados de escopetas y fusiles AK 47 se mantuvieron en el sector de La Sardina, a tres kilómetros de Nueva Guinea, donde los campesinos estuvieron de forma pacífica desde el viernes.
“Pese a que el Gobierno nos mandó a sus policías con armas de guerra, los campesinos nos caracterizamos por ser gente de paz y de bien”, señaló Ramírez.
Por su parte, un oficial de la Policía, que omitió su nombre dijo: “Nosotros no venimos a reprimir a nadie, los campesinos no alteran el orden, tampoco nosotros a ellos. Somos gente de paz”, dijo el oficial, pero cuándo se le preguntó por qué no los dejaban marchar hacia Juigalpa, se limitó a decir que eran órdenes superiores.
Retenidos en Ochomogo
La Policía Nacional de Rivas impidió que 21 ciudadanos que pretendían participar en la marcha nacional anticanal de Juigalpa, Chontales, lograran llegar a su destino, al bajar de un bus a 13 campesinos e impedir el paso al vehículo en el que ocho personas más se dirigían al mismo destino.
Los 13 campesinos de San Jorge se transportaban en un bus de la ruta Rivas-Managua pero a eso de las 3:00 p.m. del viernes fueron obligados a descender de la unidad y fueron retenidos por más de tres horas, tras lo cual la Policía les dijo que tenían que regresar a sus casas.
A Octavio Ortega Arana, quien viajaba en su camioneta junto con ocho personas más, las autoridades les prohibieron el paso y los mantuvieron retenidos durante seis horas (desde las 4:00 a.m. hasta las 10:00 a.m.). El grupo decidió descender del vehículo y sacar una manta con leyendas contra el canal interoceánico y banderas azul y blanco en protesta.
La actitud de los manifestantes atrajo la solidaridad de algunos pobladores que optaron por llevar pan y café al grupo de ciudadanos que finalmente tuvieron que regresar a Rivas sin poder asistir a Juigalpa, Ortega Arana dijo que nunca la Policía les explicó el porqué les obstruyó el paso.
Bloquean paso a opositores
Ana Margarita Vijil, Violeta Granera y Azahálea Solís no pudieron pasar el cordón de antimotines que desplegó la Policía Nacional en el Empalme de Boaco para impedirles el paso hacia Juigalpa, donde se llevaría a cabo la marcha número 87 por el Día Mundial de la Tierra, organizada por los campesinos.
En horas de la mañana de este sábado se sumaron en respaldo a las líderes del FAD, Brenda Molina, Mónica Baltodano y José Antonio Peraza, quienes fueron impedidos de cruzar la vía hacia Juigalpa. Ante la negativa de la Policía de dejar pasar los vehículos, los detenidos intentaron cruzar caminando, pero también se les negó el paso.
Una docena de antimotines acordonaron el área junto a otro grupo de oficiales de Tránsito.
Esto no se detiene. Esto apenas empieza. Lamentamos que la OEA, una organización que vela por los derechos humanos, aquí en este país
se haya portado frágil mirando la realidad que estamos viviendo”.
Francisca Ramírez, líder del Movimiento Campesino Anticanal.
Policía acusa a manifestantes
En un comunicado la Policía Nacional acusó a miembros del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía de provocar “graves alteraciones al orden público, obstaculizando el derecho constitucional a la libre circulación y establecimiento de tranques” desde el viernes 21 y durante el sábado 22 de abril y calificó la marcha campesina de “ilegal”.
Mediante una nota de prensa la jefa de Relaciones Públicas, comisionada mayor Vilma Rosa González, señaló: “La denominada marcha 87, igual que las anteriores, se ha realizado de forma ilegal, sin autorización de las autoridades policiales, afectando el normal desarrollo de las actividades productivas, económicas y comerciales del país”.
Agregó que las autoridades debieron restablecer el orden en el puente La Sardina, El Zapote, municipio de Nueva Guinea, Zelaya Central, El Tule y Quebrada Seca, en Río San Juan, en el empalme de Boaco y el puente La Tonga en Juigalpa, Chontales.
(Con colaboración de Jerónimo Duarte, Ramón Villarreal y Melvin Rodríguez).
