La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el recurso de amparo introducido por un grupo de ciudadanos en contra de la negativa de la Asamblea Nacional de tramitar una iniciativa de Ley para la derogación de la Ley 840, Ley especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense (Ley del Gran Canal), denunciaron los miembros del Consejo de Defensa de la Tierra.
“No ha lugar al recurso de amparo”, señala la Sala Constitucional de la CSJ, presentado por 15 personas, entre ellas la líder campesina Francisca Ramírez, en contra de funcionarios del parlamento.
Aunque era una respuesta esperada, según la coordinadora del movimiento campesino, Francisca Ramírez, lo calificó como parte de las violaciones a las que han sido sometidos por protestar en contra del proyecto del Canal.
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En sus alegatos la Sala señala que “declarar con lugar las pretensiones de amparo de los recurrentes entrañaría un desconocimiento de lo ya resuelto por este máximo Tribunal respecto a la constitucionalidad de la Ley 840”. Esto, en referencia a la sentencia número 30, emitida el 10 de diciembre de 2013.
Y agrega esa Sala que incurrirían en una franca violación al artículo 22 de la Ley de Amparo, que dispone que “la sentencia que declare si es inconstitucional o no, el todo o parte de una ley, decreto o reglamento, producirá cosa juzgada en forma general en cuanto a los puntos declarados constitucionales o inconstitucionales”.
Ramírez rechazó la sentencia en contra de la iniciativa de Ley firmada en su mayoría por campesinos, lo que a su criterio sirve para demostrar que en el país “se violan nuestros derechos”.
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“Hemos leído la Constitución Política de Nicaragua y dice que tenemos derechos ciudadanos y vemos que nos ha negado ese derecho ciudadano, lo cual es lamentable, creo que va a quedar registrado en la historia de Nicaragua de que aquí en este país hay un sistema corrupto”, sostuvo la dirigente campesina.
Sin embargo, Ramírez dijo que esto no impedirá que sigan demandando la derogación de la Ley 840.
La asesora legal del Consejo en Defensa de la Tierra, Mónica López, explicó que en la sentencia 648, la CSJ rechaza el recurso de amparo contra las actuaciones arbitrarias de la Asamblea Nacional que rechazó la iniciativa de Ley, sin someterla a debate, pese a que la presentaron con más de 20 mil firmas de respaldo.
“Lo que hemos querido es que el país sepa que la Corte Suprema ratifica que la Asamblea Nacional no es competente, según ellos, para derogar la Ley del Canal, lo cual es un absurdo desde el punto de vista legal y es absurdo que no admitan que los ciudadanos presentemos una propuesta de Ley que tiene ese objetivo”, sostuvo López.
López dijo que esta sentencia de la CSJ dará pie a que promuevan nuevas acciones a nivel internacional, las que discuten con organizaciones de derechos humanos.
Mantienen rechazo a proyecto del Canal
Ramírez, por su parte, anunció que mantendrán su rechazo al proyecto del Canal de forma pacífica y es por ello que marcharán el 22 de abril, en Juigalpa, Chontales, pese a todas las presiones y espionajes de los que son víctimas en la franja canalera, las que, dicen, se han agudizado desde noviembre.
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“Hoy, una vez más, decimos: el Gobierno nos ha intimidado, nos ha negado nuestros derechos, nos ha trozado caminos, nos ha quitado puentes, nos ha tirado balas de plomo para que no sigamos marchando, pero hoy estamos diciendo, una vez más los campesinos, que no vamos a echar pie atrás y que estamos dispuestos a morir si es necesario, por nuestras tierras, por defender Nicaragua”, sostuvo Ramírez.
Invitan a marcha
La dirigente campesina Francisca Ramírez invitó al pueblo a participar en la sexta marcha nacional. “Una vez más a decir no, a la concesión canalera; sabemos que ese es un cheque en blanco, sabemos que esa es una amenaza permanente que tenemos los nicaragüenses, que es la soberanía de Nicaragua que se entregó a un chino y que hoy los nicaragüenses tenemos que unirnos y demostrar que mientras Nicaragua tenga hijos que la amen, Nicaragua será libre”, sostuvo Ramírez.
El también dirigente de ese Movimiento, Medardo Mairena, denunció la represión permanente que sufren en algunas zonas del país, “por exigir nuestros derechos y (el derecho) a nuestra propiedad privada”.