Cuando se analizan las cifras, uno encuentra que los principales egresos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) están representados, por mucho, por el pago de pensiones y prestaciones sociales, por un lado, y por otro por la compra de bienes y servicios, categoría esta última representada, a su vez, principalmente por la compra de servicios de atención médica.
Si uno proyecta las tendencias prevalecientes por una década más, podrá apreciar que, aunque se redujeran drásticamente la nómina salarial y las inversiones, ello solo podría extender la solvencia del INSS a lo sumo algunos años más.
La razón es que la raíz fundamental de las tendencias que llevan al INSS a la insolvencia, no se encuentra en dichos rubros, sino en la magnitud relativa y la tasa de crecimiento de los egresos en concepto de pagos y prestaciones, y de compra de bienes y servicios.
Sin embargo, la simple extrapolación de las tendencias pasadas resulta insuficiente, porque no capta la aceleración del proceso de envejecimiento que se está produciendo, y la manera en que este proceso se asocia a la denominada transición epidemiológica.
Cuando uno se fija en las proyecciones demográficas de la próxima década, o de las próximas dos décadas, podrá apreciar la velocidad que adquirirá el proceso de envejecimiento, y formarse una mejor idea acerca de cómo este proceso afectará los egresos tanto por concepto de pago de pensiones, como por la compra o prestación de servicios de atención médica.
De hecho, las proyecciones financieras, asociadas a las proyecciones sociodemográficas, fueron la principal causa por la cual los estudios actuariales del INSS efectuados en 2004 y 2006 mostraban que el INSS sería insolvente para alrededor de 2020.
Con las últimas reformas, efectuadas en 2013, y con la incorporación de la pensión reducida, el FMI estimó, en su Informe sobre Nicaragua para 2015 relativo al Arto IV de sus Estatutos, que el INSS seria insolvente para 2024 —y posiblemente lo será antes— si se tiene en cuenta la información más reciente.
En este sentido resulta sorprendente que se afirme que la información del Censo de Población no resulta indispensable para la formulación de políticas públicas. Los Censos resultan absolutamente indispensables para saber en qué momento preciso se está del proceso de transición demográfica. Si este proceso está más avanzado de lo que se piensa, ello lo trastocaría todo, incluyendo las proyecciones actuariales del INSS.
Por otra parte, también resulta relevante que, cuando se comentan las tendencias financieras del INSS, se haga referencia casi exclusiva a los problemas de manejo administrativo, o al manejo de las inversiones, pero jamás a las raíces más profundas de su crisis de solvencia, que residen en las características estructurales del mercado laboral y las tendencias sociodemográficas.
Ciertamente los problemas de manejo administrativo y de las inversiones contribuyen a empeorar los efectos de las tendencias subyacentes que conducen a la insolvencia, pero no constituyen la raíz fundamental de las mismas.
Para estar claros, se tiene que ser totalmente intolerantes en lo que respecta a los problemas de manejo administrativo, y al uso del fondo de reservas del INSS para financiar inversiones privadas, porque resulta inadmisible que se haga un manejo incorrecto de los recursos de esta institución.
Sin embargo, el hecho de denunciar estos problemas no puede conducir a ignorar los problemas de fondo del INSS, enraizados en la naturaleza del tipo de empleo que genera, de manera predominante, nuestra economía —esto es enraizados en la elevada heterogeneidad estructural que la caracteriza— y en la rapidez que está adquiriendo el proceso de envejecimiento.
Si uno solo se enfoca exclusivamente en los problemas administrativos, ello implica que, a lo sumo, se desea resolver asuntos que podrían darle un par de años más al INSS, pero sin afrontar las raíces de fondo de su trayectoria a la insolvencia.
(*)Economista
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