Además de la carencia de una cultura tributaria en la población, la disminución en la moral de la Administración Tributaria por falta de controles fiscales, así como la debilidad en los marcos legislativos relacionados con los tributos, son los principales factores que impiden reducir la fuga de impuestos, coincidieron ayer centros especializados en materia fiscal.
Abelardo Medina, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que otro factor que incide en la evasión de impuestos es “la percepción ciudadana de que los impuestos están siendo mal utilizados”. La situación empeora, agrega, cuando la ciudadanía considera que no deben contribuir a mantener “Estados populistas, que no dirigen estrategias apropiadas de combate al contrabando, a la defraudación tributaria y a la informalidad fiscal”.
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Y añade que “también afecta a la moral tributaria, la creación de muchos regímenes tributarios que afectan la generalidad de impuestos y que provoca la sensación de ‘¿por qué voy a pagar, si otros que tienen más ingresos, tampoco lo hacen?’”
Juan Carlos Cortez, gerente sénior de impuestos de Deloitte, aclara, no obstante, que la fuga de tributos no ocurre solo mediante la evasión, sino también la elusión. “La primera sugiere la intención y voluntad del contribuyente a no pagar impuestos que corresponden mediante artificios como la ocultación de renta e información, en cambio la segunda es un mecanismo lícito en la norma que encuentra un contribuyente para evitar el pago de impuestos”, explica.
Cortez coincide con Medina en que “la frágil estructura normativa tributaria” propicia la evasión de impuestos y propicia la falta de transparencia tanto del contribuyente como del Fisco en materia de información económica y procedimientos. La situación empeora cuando la población no percibe alguna retribución del pago de sus impuestos en materia de “inversión en infraestructura sanitaria, de agua potable, de salud, infraestructura hospitalaria, entre otras”.
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¿Cómo combatirla?
El Icefi propone crear esquemas tributarios que “eviten la existencia de grupos empresariales que quedan al margen de la tributación, esto es, eliminación de privilegios fiscales”.
Asimismo, Medina sugiere clarificar la definición de un “sistema fiscal apropiado para el sector informal, en el entendido de que la mayor parte del mismo derivan de condiciones de sobrevivencia. No obstante, para aquellos que se esconden en el sector informal para evitar el pago de impuestos y esconder actividades subterráneas, la Ley debe contemplar un endurecimiento de sanciones”.
Además se debe trabajar en “incorporación de la obligación anual de medición de la evasión fiscal del Impuesto al Valor Agregado, del IR y otros impuestos importantes y que se incluyan como parte del plan estratégico de las AT, la reducción de dichos valores y la planificación de lo que harán para el efecto”, precisa Medina.
Al respecto, Cortez también señala que se debe dotar de tecnología a la Administración Tributaria. “Ha habido avances en estos temas tanto en Dirección General de Ingresos como en DGA, pero debe ser progresivo, orientando la inversión en tecnología que permita el intercambio expedito de información entre todas las dependencias del Gobierno y empresarial”, precisa.
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Sobre la entrada en vigencia de regulaciones de Precios de Transferencia y la preparación anticipada de Autoridades Tributarias con regulaciones y reglamentaciones al respecto, Cortez considera que el Fisco “debe ser capitalizado por la finalidad que esta persigue, como es, lograr obtener de contribuyentes mayor información respecto a transacciones que se realizan entre partes relacionadas, que lleve, sin duda, a incrementar la recaudación fiscal”.