Con la graduación de casi 400 operadores de justicia entre estos magistrados, jueces, secretarios, docentes y abogados litigantes culminó este miércoles la capacitación que realizó la Corte Suprema de Justicia durante el 2016 de cara a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil de Nicaragua.
Con estos graduados, la Corte llegó a los 2000 operadores capacitados en esta materia para la entrada en vigencia en abril del 2017.
Esta nueva normativa persigue el dinamismo y agilidad de los procesos civiles, ya que las audiencias serán orales y públicas y contempla un período de 90 días para culminar el proceso y no tardar años a como pasa con el actual Código procesal que es escrito.
“Esto es parte del proceso de modernización del poder judicial y esta es la última materia que entra a la oralidad con sus principales características de inmediación, publicidad y contradicción”, dijo la magistrada Alba Luz Ramos.
Ramos agregó que también se está invirtiendo en equipos de computación, moviliario, paratos electrónicos para gravar los juicios entre otros.
“Se está invirtiendo en computadoras en todos los juzgados civiles, pero con prioridad a juzgados locales únicos que no estaban tan equipados, se están equipando las salas de audiencia”, dijo Ramos.
La magistrada Ileana Pérez, quien está al frente de este proyecto afirmó que el poder judicial esta listo para aplicar la nueva normativa en abril del 2017 y considera que es la mejor capacitación que han tenidos en el poder judicial previo a la entrada en vigencia de una nueva legislación.
11,104 expedientes civiles se estarían archivando en todo el país, después de aplicar caducidad, por falta de trámite de los interesados, reduciendo los expedientes en trámite a 26,049 , previo al nuevo procedimiento oral.
Apoyo financiero a CSJ
L a magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos dijo que la inversión que se está haciendo en el poder judicial para la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, es compartida entre la Corte Suprema de Justicia y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), pero no detalló el monto.
“ Tenemos la ayuda de AECCID, para esto aunque el aporte de ellos se ha enfocado en la capacitación de los funcionarios públicos que es muy caro e indispensable. Incluso parte de la comisión que trabaja en este proyecto fue hasta El Salvador a capacitarse y luego venir a multiplicar, lo cual costó mucho dinero, el resto de la inversión se da en la compra de equipos e infraestructura, eso lo pone el poder judicial”, dijo Ramos.
