Miembros del gobierno comunal creole y de la comunidad negra creole indígena de Bluefields recurrieron de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra del presidente inconstitucional Daniel Ortega, por entregar el 29 de octubre pasado “un irregular título de propiedad” a un gobierno paralelo.
A través de un comunicado los demandantes exponen que esto viola el debido proceso legal e infringe los derechos a la autodeterminación de la comunidad negra creole indígena de Bluefields.
A su vez, estiman que con la entrega del título Ortega viola lo establecido en varios artículos de la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el Convenio 169, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.
Nora Newball, una de la firmantes del recurso, explicó que el gobierno ha ido creando gobiernos paralelos con personas afines a sus intereses políticos, que fueron integrantes de los llamados Gabinetes de Familia y ahora utilizados para crear esta división entre la población creole. “Es lo peor que nos pudo haber ocurrido aquí (… ) es como que estamos peleando el uno con el otro”, indicó Newball.
Especificó Newball que la creación de esos gobiernos paralelos fue para entregar estos títulos que calificó de “ ilegales”, por lo que también introdujeron otro recurso en la CSJ que aún está pendiente de resolver por el poder judicial, señaló Newball.
La representante creole trajo a colación el largo proceso que les ha llevado a impulsar a la comunidad creole indígena de Bluefields, porque se les reconozca sus derechos. Por lo cual, dijo, “hemos pasado por discriminación, por racismo por parte del Estado de Nicaragua, del gobierno de no reconocer y respetar el derecho a reclamo que nosotros introducimos desde 2006 y no tuvimos respuesta hasta cuatro años”.
Y según señaló Newball, “después de tanta lucha y después de tanta insistencia en el 2010 la Conadeti (Comisión Nacional de Demarcación y Titulación) admite el reclamo del pueblo creole”, rememoró Newball. Apuntó que hasta ese momento ellos desconocían que estaba proyectado el Gran Canal. Y el proceso de demarcación y titulación sobre el territorio de la comunidad negra creole, iniciado en 2006, fue abortado a raíz del otorgamiento, por parte del gobierno, de la concesión del Gran Canal Interoceánico a la empresa de capital chino HKND, en junio de 2013.
10 recursos en tres años
Entre 2013 y 2016 la comunidad creole ha introducido diez recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y han documentado cada una de las violaciones constitucionales de las que han sido objeto. De esos diez recursos ocho han sido declarados sin lugar o rechazados y dos se encuentran aún sin resolver.
En un comunicado los creoles señalan que por ello han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde junio de 2014. “Ya que la usurpación de los espacios políticos propios y de su territorio tradicional significa para la comunidad negra creole indígena de Bluefields, la privación de la herencia tradicional y la violación de sus derechos culturales, el despojo de su identidad, usos y costumbres relativas a su territorio”, dicen.
Apenas siete por ciento
El título por el cual recurre la comunidad negra creole indígena de Bluefields, que aseguran fue otorgado al gobierno paralelo de esa comunidad, establece una extensión de 88,468 hectáreas de tierra y 61,109 millas náuticas de territorio marítimo, que representa solo un 7 por ciento del reclamo original, cuando esa comunidad reclama dos mil cuatro millones 952 mil 812 hectáreas de tierra más el área marina de 114 mil 696.44 millas náuticas de extensión.
