Las representantes de las organizaciones defensoras de mujeres en el país demandaron que del presupuesto estatal sea destinado un monto para la reapertura de las Comisarías de la Mujer y la aplicación correcta de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer.
Las demandas fueron realizadas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre.
Juanita Jiménez, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), explicó que es una realidad que las Comisarías de la Mujer y la Niñez ya no funcionan.
La demanda de que las Comisarías sean restablecidas en la Policía Nacional obedece a que las mismas “fueron anuladas como parte de la estructura especializada de la atención a víctimas y sobrevivientes de violencia”, afirmó Jiménez.
Recordó que las Comisarías de la Mujer eran un proyecto que surgió de la necesidad y de la lucha de las organizaciones y movimientos de mujeres en Nicaragua. También era una dirección especializada contemplada en la Ley de Policía, por lo cual considera que no pueden desaparecer de manera tan arbitraria.
La dirigente del MAM indicó que, hasta donde han confirmado, el personal de las Comisarías fue removido y algunas reubicadas en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ).
“Eso le quita totalmente el sentido de protección y la obligación que tiene el Gobierno de proteger a las víctimas y garantizar el acceso a la Justicia”, expresó Jiménez, quien apuntó que hay estudios que han recogido las voces de las víctimas, que señalan que cuando llegan a la delegación policial ahora no son priorizados sus casos y tampoco son aplicadas las medidas de protección porque no está siendo tratada la problemática.
Uno de esos estudios fue promovido por un consorcio de organizaciones, entre estos el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) y Puntos de Encuentro.
Fue publicado la semana pasada y destacó que en los grupos focales líderes, víctimas y abogados litigantes coincidieron en que las mujeres no reciben la atención, que la denuncia es minimizada, se les ofrece la mediación y las remiten al Ministerio de la Familia (Mifamilia), donde desarrollan las consejerías familiares.
Jiménez señaló que estas otras instancias alternativas, como son las consejerías, fueron creadas por el Reglamento a la Ley 779, “donde lamentablemente lo que hacen es una suerte de charla para que se compongan los hombres, pero no hay ninguna garantía de protección real a la vida y a la seguridad de las mujeres”.
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No hay investigación
De esta manera, todas las denuncias vinculadas a la violencia de género no están siendo investigadas adecuadamente, a criterio de las defensoras de mujeres, debido a la falta de una unidad especializada, como la Comisaría, que era la instancia para recibir todos los delitos que deben ser sancionados conforme con la misma Ley, tanto de violencia física, patrimonial como psicológica y los femicidios como violencia extrema, dijo Jiménez.
En el caso de los femicidios la Policía solo reconoce ocho casos ocurridos en el país en lo que va del año, mientras las organizaciones de mujeres han establecido en sus monitoreos 45 víctimas.
Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), indicó que además de las 45 víctimas de femicidio, este año hay otras 55 víctimas de femicidio frustrado.
La mayoría de los femicidas están libres “y eso no podemos tolerarlo”, sostuvo Quirós, quien reclamó justicia para las mujeres violentadas.
“No queremos ni una asesinada más”, demandó Quirós.
Evelyn Flores, defensora de los derechos de las mujeres, dijo por su parte que el reclamo del movimiento de mujeres es que el Estado aplique la Ley tal como está vigente, pues no ha sido derogada. Y sobre todo que destine presupuesto para la reapertura de las Comisarías, porque de lo contrario incurriría en una situación de incumplimiento de la Ley.
Flores también denunció que los operadores de Justicia no están atendiendo debidamente a las víctimas de violencia, además están incurriendo en retardación de Justicia.
“Las mujeres estamos en indefensión, estamos desprotegidas por un Estado indolente ante el derecho a la vida de las mujeres”, sostuvo Flores, quien demandó castigo para los agresores y femicidas.
La marcha saldrá mañana de las inmediaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) a eso de las 9:00 a.m.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, anunció que ese organismo brindará acompañamiento durante la marcha.
Parte de una jornada
Mirna Blandón, del Movimiento Feminista, recordó que la marcha de mañana también es parte de una jornada denominada “Detengamos la violencia machista”, iniciada en agosto pasado.
La jornada tiene como objetivo visibilizar el impacto y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, sobre todo de los femicidios, y llamar a los hombres a que respondan por los actos de su violencia, así como que el Estado cumpla con la Ley 779 y asegure el castigo para los femicidas, indicó Blandón.
Las mujeres también demandan del Gobierno campañas de prevención contra las diferentes formas de violencia de género.
