El impacto de la Nica Act, de aprobarse definitivamente, podría afectar estratégicamente el proyecto dictatorial y dinástico de Daniel Ortega. Por eso ha aceptado rápidamente sentarse a conversar con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre el proceso político electoral nicaragüense, lo cual, de paso, terminó con la casi nula legitimidad y funcionalidad que, si acaso, aún conservaba el mismo. Obviamente su objetivo no es reencauzar al país por la vía de la democracia y el Estado de Derecho en aras de su desarrollo sustentable, sino ganar tiempo mientras se despejan los nubarrones del horizonte.
Sin embargo, la gravedad de las decisiones tomadas por Ortega durante los últimos meses —que ponen de manifiesto la naturaleza disparatada y la inviabilidad de su régimen—, el liderazgo y compromiso democrático del secretario general Almagro y, sobre todo, la voluntad de los nicaragüenses podrían orillar a Ortega y obligarlo a tomarse en serio la ventana de oportunidades que la Nica Act y la OEA le han puesto enfrente.
En cuanto a los nicaragüenses, pienso que son dos los aspectos principales que debemos considerar. Por un lado, fortalecer las expresiones populares en contra de la farsa electoral y, posterior a esta, negar cualquier legitimidad a sus resultados y exigir el más pronto restablecimiento posible de la vía electoral para la alternabilidad en el poder. Y, por otro, buscar propuestas que nos permitan salir del atolladero en que nos ha colocado el comandante Ortega. En este sentido van las siguientes reflexiones.
Para evitar zancadillas jurídicas que impidan el más rápido restablecimiento de la vía democrática, y como muestra de buena voluntad de Ortega, en este 2016 deben aprobarse en primera legislatura reformas constitucionales conducentes a permitir la realización de elecciones generales o, al menos, parlamentarias, simultáneamente con las elecciones municipales de noviembre de 2017. Así mismo, en este año, deben aprobarse reformas electorales dirigidas a restablecer la personería jurídica de los grupos políticos a los cuales se les ha conculcado ilegítimamente. En enero de 2017 deberán aprobarse en segunda legislatura las reformas constitucionales señaladas arriba, las cuales, sin duda, propiciarían el éxito de las conversaciones entre el Gobierno de Nicaragua y la OEA. Estas conversaciones deben crear las condiciones para un diálogo nacional, con la mediación de la propia OEA, cuya temática y participantes deben ser cuidadosamente delimitados para no perderse en una torre de Babel ni facilitarle a Ortega darle largas al asunto.
El primer tema debe referirse a la realización de elecciones generales o parlamentarias justas, libres y transparentes junto con las elecciones municipales en noviembre de 2017. También podría discutirse, en segundo lugar, el encaje de la democracia directa en un sistema democrático sin menoscabo ni sustitución de los mecanismos de democracia representativa; finalmente, en tercer lugar, se podría abordar una estrategia para el crecimiento de nuestra economía a una tasa anual de 7 u 8 por ciento. No más. Las decisiones relacionadas con los dos últimos aspectos serían legisladas e impulsadas por las nuevas autoridades surgidas en las elecciones del próximo año. Las pertinentes cartas pastorales de la Iglesia católica, el decálogo y agenda del Cosep, las recomendaciones de las misiones de observación de procesos electorales anteriores y la cartera de proyectos presentada recientemente por el gobierno podrían constituir excelentes insumos para el diálogo.
La participación debería definirse de conformidad con un doble criterio, institucional y político. Así, entre otros actores, participarían delegaciones del Gobierno, de los partidos con representación parlamentaria que existan en apego a la Ley Electoral, de los partidos actualmente excluidos, del Cosep y Amcham, de la Sociedad Civil y de las universidades públicas y privadas.
Con protestas y propuestas podemos contribuir a impedirle al comandante Ortega ganar tiempo con la OEA y que, de todas maneras, termine nuevamente empujando a Nicaragua al abismo.
Abogado constitucionalista.
