Ortega quiere un sistema político distinto al de la democracia representativa. Lo ha manifestado de alguna forma en distintos foros y lo ha demostrado con hechos. Su modelo preferido parece estar compuesto de elementos de corporativismo, democracia directa y continuismo unipartidista. En todo caso se trata pues de un cambio sistémico, de unas reglas del juego totalmente nuevas, muy ajenas a las que estaban en marcha tras la transición democrática iniciada en 1990.
Estos cambios hondos de dirección, estas especies de rediseños drásticos de los cimientos institucionales de la sociedad, no son necesariamente ilegítimos o absurdos. A veces pueden ser convenientes. Lo que sí es importante es que sean expresión de los anhelos compartidos por la mayor parte del pueblo. Cuando son hijos del diálogo y del convencimiento suelen abonar períodos prolongados de estabilidad, progreso y paz. Cuando son imposiciones unilaterales de minorías o caudillos, suelen causar fracturas sociales y ser transitorios.
Decía a propósito Andrés Oppenheimer, que una de las plagas de América Latina ha sido precisamente ese afán enfermizo por refundar las repúblicas cada tantos años. Las sociedades, para progresar, necesitan reglas del juego duraderas y esto solo lo produce un gran consenso social. Haberlo logrado explica, en gran parte, el éxito de Estados Unidos. Desde su fundación ha tenido una sola Constitución. Nicaragua ha tenido dieciocho.
Una de las demostraciones más contundentes de la eficacia del consenso lo suministra nuestra historia reciente. Tras la victoria de doña Violeta en 1990 se adoptó el marco de la democracia representativa, la cual trajo paz y tres cambios legítimos de gobierno. Más profundo aún, fue el consenso alcanzado en la parte económica: todos los partidos y sectores, sin excepción, coincidieron en que debíamos tener una economía de mercado; macroeconómicamente estable, abierta a los tratados internacionales, sin controles cambiarios y amigables al inversionista. Los frutos de este consenso están a la vista: se estabilizó la economía, se atrajeron inversiones, y el país creció a un ritmo mayor que el de muchos vecinos.
Ortega también logró consensuar con el sector privado una especie de modelo corporativo, en el cual representantes del empresariado reemplazaron parcialmente (aunque más de hecho que de derecho), a los legisladores nombrados por los partidos y a los miembros que estos tenían en las directivas de docenas de instituciones públicas. Esta modalidad, basada en el consenso constante de leyes y medidas de impacto económico, ha dado buenos frutos.
Lo desafortunado es que, después de estas experiencias exitosas con la concertación económica, Ortega ha dado un giro político que está rompiendo el consenso sobre el modelo político. Lo malo, valga la aclaración, no es que Ortega quiera cambiarlo —está en su derecho ciudadano, porque ningún modelo está escrito en piedra— sino que quiera hacerlo unilateralmente; sin diálogo ni consultas con la población. Incluso quiere empujarlo contrariando anhelos públicamente expresados por la Conferencia Episcopal, Cosep, partidos políticos, organismos de la sociedad civil y de la misma población —quien al igual que las anteriores organizaciones ha favorecido, en encuestas, la observación electoral y las elecciones libres—.
Si lo que quiere Ortega es democracia directa, corporativa, sin equilibrio entre los poderes y sin alternabilidad en el poder, pues que trate de convencer y negociar su esquema con toda la sociedad. Que se abra el debate. Quizás nos convenga una monarquía, en vez de una República. Lo importante es que, si se van a cambiar las reglas del juego, sea en acuerdo con los jugadores. De lo contrario no habrá juego, sino riña.
El autor fue ministro de Educación en el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro.
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