La embajadora de Estados Unidos en Managua, Laura Dogu, confirmó la preocupación de Washington por el estado de la democracia en el país y afirmó que “la imagen de Nicaragua ha cambiado bastante, pero no de una manera buena”.
Dogu explicó que el proyecto de Ley que condicionaría la inversión y los préstamos a Nicaragua (“Nica Act”), es resultado de la responsabilidad que tiene el Congreso de su país, de asegurar que los impuestos de los ciudadanos estadounidenses sean invertidos en países donde el Gobierno respeta los procesos democráticos.
“Muchos de los fondos disponibles de las instituciones financieras internacionales provienen de los impuestos que pagan los estadounidenses y los miembros del Congreso expresaron que no creen que estos fondos deberían de beneficiar a un gobierno que no escucha a sus ciudadanos”, expresó la embajadora en una conferencia de prensa que ofreció este lunes, a propósito del primer aniversario de su misión diplomática en Nicaragua.
Según datos del Departamento de Estado, el Gobierno de EE.UU. brindó a Nicaragua más de 40 millones de dólares el año pasado “en una amplia gama de programas de ayuda a sus ciudadanos”.
Dogu manifestó que la Embajada ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación sobre el “estado de la democracia en Nicaragua”, pero debido a la “separación de poderes, entre el Congreso y el presidente, el Departamento de Estado no puede comentar sobre legislaciones que aún no han sido aprobadas”.
Preocupación motivó Ley
“La Cámara de Representantes de Estados Unidos tenía tanta preocupación que aprobó de forma unánime el ‘Nica Act’, el cual daría instrucciones al presidente (Barack) Obama y sus agencias del Gobierno, para oponerse a cualquier préstamo que las instituciones internacionales brinden en beneficio del Gobierno de Nicaragua, a menos que el Gobierno tome medidas efectivas para fortalecer la democracia”, aseveró la diplomática.
Elecciones en Nicaragua
Las elecciones de Nicaragua están marcadas por una sentencia judicial que excluyó a la principal fuerza política opositora del proceso electoral; y el control total del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), dirigido por Daniel Ortega, presidente inconstitucional, que busca su segunda reelección desde 2007, llevando a su esposa, Rosario Murillo, como candidata vicepresidencial.
“No es embargo”
Dogu confirmó que de ser aprobada esta Ley, “se pediría al Departamento de Estado que informe sobre la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y que el Departamento del Tesoro informe sobre (la) efectividad del uso de los fondos en el país”.
La embajadora aclaró que el proyecto de Ley “Nica Act” no implicaría un embargo comercial ni la cancelación del Tratado de Libre Comercio (Cafta por sus siglas en inglés).
“El ‘Nica Act’, en su forma actual, no incluye disposiciones relacionadas con el Cafta. Aunque durante una reciente audiencia sobre Nicaragua en el Congreso, muchos congresistas cuestionaron si Nicaragua debería seguir beneficiándose. El “Nica Act”, como inicialmente está redactado, se refiere a préstamos financieros internacionales y no se trata, como se ha reportado en varias ciudades, de un embargo económico”, explicó Dogu en su discurso. La iniciativa “Nica Act” fue impulsada por los congresistas Ileana Ros-Lehtinen (republicana) y Albio Sires (demócrata).
En su discurso Dogu confirmó que habló sobre Nicaragua con los congresistas estadounidenses.
Clima de inversión
Sobre el clima de inversión en el país, la embajadora Dogu expresó que si bien “muchas empresas estadounidenses han decidido crecer su inversión en Nicaragua” porque “ellos (los empresarios) han decidido que hay un ambiente muy bueno para inversión”, la preocupación es a largo plazo.
“Con las excursiones las personas ya no (se) sienten muy cómodas (de) viajar a Nicaragua”, manifestó.
Los expulsados
La embajadora Laura Dogu reveló que aún está pendiente la llegada a Nicaragua de funcionarios estadounidenses que fueron expulsados en junio, porque no ha habido un acuerdo sobre traerlos de nuevo.
“Las personas que están trabajando en la oficina que hace inspecciones no están completamente de acuerdo con esto (mandarlos a Nicaragua), porque ellos se fueron de una manera un poco dura y tienen que decidir si quieren venir o no”, dijo Dogu, agregando que están haciendo esfuerzos entre los dos gobiernos para traerlos otra vez.
En junio pasado el gobierno de Daniel Ortega expulsó del país al académico Evan Ellis y a otros dos funcionarios estadounidenses del Departamento de Aduanas.
