Un gran error en la visión híbrida del régimen de Daniel Ortega para mantenerse en el poder es la separación que ha hecho entre lo político y lo económico. “Hagan ustedes los negocios que quieran, pero no se me metan en los asuntos políticos”, pareciera ser en la práctica la estrategia orteguista para tener a los empresarios concentrados en sus negocios y él haciendo lo que quiere en la política. Eso no tiene sostenibilidad.
Es una máxima “pragmática” que los grandes empresarios nacionales tienen como base para atraer inversionistas extranjeros y mostrar que ellos, mirando de reojo la política, están sacando adelante a Nicaragua. Tasas de crecimiento económico del PIB del 5 por ciento, tasas de inflación del 6 por ciento, tasas de crecimiento de inversión mejores a veces que en otros países de la región, son variables macroeconómicas bien vistas por el FMI y otras instituciones de la globalización financiera.
Cuando los empresarios tratan de hablar de la democracia o la credibilidad electoral o el necesario pluralismo, el régimen no los escucha, como pasó en la reciente entrega que hicieron de un “decálogo” para que exista democracia en Nicaragua.
El problema es que un modelo económico así, sin estar en engranaje con la democracia, no tiene nada que ver con el desarrollo humano de las personas y sus familias, ni con la equidad en el desarrollo ni con eliminar la pobreza y la economía informal, ni con la distribución del bienestar que producen las inversiones, ni con disminuir de la brecha social creciente.
El Estado, el Gobierno y el partido político administrador, tienen la obligación constitucional de velar por el bien común y distribuir la riqueza y el bienestar entre todos los sectores sociales y no solo facilitarlo a un sector. Pero al tener separado lo político de lo económico no hay búsqueda de objetivos comunes en favor de la población.
En lo político nos encontramos con un modelo de estado-partido-ejército autoritario, controlado por un partido hegemónico, que obstaculiza la democracia y restringe las libertades públicas, que controla con efectividad el poder judicial, el poder electoral y el poder legislativo. Este modelo político ha llegado a sus extremos en este proceso electoral, en que ha tomado una serie de medidas contra unas verdaderas elecciones libres y contra la democracia misma.
Está separado lo político de lo económico y eso no es sostenible, no marchan en armonía, son mundos apartes; en lo económico, los empresarios e inversionistas hacen los negocios y es legítimo, y en lo político solo se hace lo que decida el gobernante y sus adláteres, pero sin armonía entre ambas partes para salvaguardar la democracia, el progreso, las libertades y los valores cívicos.
El Gobierno ofrece a inversionistas extranjeros los salarios más bajos de Centroamérica, cero huelgas porque los sindicatos están sometidos al Gobierno, grandes acuerdos de exenciones fiscales, y sus ganancias las pueden sacar íntegras a sus sedes centrales. Debe haber mejores negociaciones para que haya más beneficio para los trabajadores nicaragüenses y sus familias.
El Gobierno no termina de entender que lo político y lo económico deben marchar juntos, ser una sola unidad, deben actuar ambos a través de la institucionalidad democrática del país; tampoco los inversionistas y empresarios terminan de entender que a largo plazo ellos serán los perdedores, pues solo que haya integralidad en los dos aspectos habría sostenibilidad y desarrollo humano en el país.
Si todos los poderes están controlados por el partido hegemónico, incluyendo la justicia, llegará un momento en que vendrán conflictos y reclamos del sector económico en el campo de la competencia, inversiones, acuerdos comerciales, aranceles, gestiones, relaciones económicas internacionales, etc. y el partido de gobierno tendrá la última palabra.
Llegarán igualmente ambiciones empresariales de gente del gobierno, intereses en ser parte de los negocios privados, manejo de monopolios, invasión en áreas de inversión del sector privado, acuerdos y negociaciones con otros gobiernos, etc. y aquí también el partido de gobierno tendrá la última palabra.
¿Quién saldrá perdiendo al final con este modelo que separa lo político de lo económico? Quizás sean los empresarios, pero lo más seguro es que sea el pueblo de Nicaragua.
El autor es dirigente Socialcristiano y exembajador de Nicaragua en Alemania.
