El sector de las telecomunicaciones para mantenerse competitivo requiere de grandes montos de inversión en infraestructura. La principal característica de esta inversión es su irreversibilidad, y tanto la demanda como la tecnología influyen sobre la valoración de los activos, que pueden fluctuar a lo largo del tiempo. Estas fluctuaciones crean el concepto de riesgo, un concepto económico fundamental que se relaciona directamente con la vida física del activo, y cuyo reconocimiento no se tiene en cuenta actualmente por los distintos modelos regulatorios que se están aplicando en América Latina.
En particular, los precios mayoristas que han de cumplir con el principio de orientación en función de los costos, captan una parte del riesgo financiero a través del Modelo de valoración de activos en equilibrio (CAPM por sus siglas en inglés Capital Asset Pricing Model), creado sobre los supuestos de Markowitz y que luego fue ampliado y desarrollado por William Sharpe en 1962 y cuya construcción es muy utilizada actualmente para la estimación del costo de capital, basado en el CAPM que se utiliza en los modelos contables para la imputación de las inversiones en bienes de capitales (CAPEX) en los distintos servicios de telecomunicaciones y de valor agregado.
Si bien los modelos regulatorios para el establecimientos de precios y tarifas no reconocen de forma directa el riesgo, al utilizar la modalidad de precios tope, promueve un tipo de regulación que busca incentivar la reducción de costos, en donde las labores relacionadas a la gerencia operativa, incluye el análisis de riesgos operativos que puedan causar un incremento en los costos por debilidades en la planificación, la que se ajusta de forma dinámica producto de las actividades gerenciales de monitoreo de las labores de operación y mantenimiento en el ámbito de los entornos nacionales específicos.
De acuerdo con este esquema las reducciones de costo están asociadas a las ganancias de productividad de la empresa. Por ello, los precios regulados son ajustados de acuerdo con las ganancias de productividad. La clave del esquema de precios tope es que crea un rezago regulatorio al especificar un período entre ajustes de precios. Más específicamente, después de cada fijación de precios la empresa puede obtener beneficios aún inmersos en el mismo marco de riesgos, reduciendo costos rápidamente. Esta reducción de costos será trasladada a los usuarios en el siguiente ajuste.
Por otro lado, la reducción de los plazos de amortización de los activos y el no reconocimiento del riesgo operativo propiamente dicho, que está relacionado con el éxito o fracaso de la inversión realizada, hacen que los operadores alternativos que acceden a la red del operador dominante en determinado mercado relevante, tengan una opción financiera gratuita, materializada en el hecho de que solo ejercerán su opción en caso de que la tecnología o la inversión que se ha acometido resulte tener éxito en el mercado o nicho al que va dirigida.
Como consecuencia de lo anterior, el operador dominante por mercado relevante se ve obligado a amortizar de forma acelerada los activos en los que ha invertido, teniendo la ventaja este tipo de amortización de reducir el beneficio declarado en los años inmediatamente siguientes a la compra del nuevo equipo de capital, con lo que se reducen los impuestos sobre los beneficios de la empresa operadora y se incrementa su flujo de caja.
Sin embargo, al acelerar la amortización, los beneficios e impuestos siguientes al final de la amortización serán mayores y el flujo de caja menor al que hubiera sido según el sistema de amortización lineal.
(*)Consultor
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