Las trece propuestas de la tercera sección de la Agenda Básica de Nación para el Cambio del Movimiento por Nicaragua (MpN) tienen como objetivo la recuperación de la institucionalidad y gobernabilidad democráticas. Vamos a referirnos a las más relevantes.
La primera de esas propuestas es una respuesta categórica a lo que se ha constituido en un clamor nacional, promovido principalmente por el movimiento campesino que lidera el Comité para la Defensa de la Propiedad, el Lago y la Soberanía. En tal sentido, la Agenda sostiene que por ser “absolutamente lesiva a la soberanía nacional”, la Ley 840 debe ser derogada y “una vez derogada, anular la leonina concesión que sobre la base de tan nefasta ley se hizo al empresario chino Wang Jing”.
La Agenda estima como una necesidad nacional recuperar la institucionalidad democrática, la independencia de los Poderes del Estado, hoy día subordinados a la voluntad del caudillo del FSLN, y “el pleno respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos, políticos, económicos y sociales del pueblo nicaragüense, garantizados por la Constitución Política y los Convenios internacionales”. Esto va acompañado del aseguramiento de la autonomía e independencia de la Procuraduría, Fiscalía General de la República, Banco Central y Contraloría General de la República.
En nuestra historia la reelección de nuestros gobernantes y sus intentos de perpetuarse en el poder han sido perjudiciales, por lo que nuestro pueblo ha tenido que pagar un alto costo humano, económico y social. La Agenda del MpN propone restablecer, constitucionalmente, la no reelección presidencial absoluta.
Coincidiendo con propuestas hechas por algunos candidatos presidenciales, como Fabio Gadea Mantilla, en las elecciones del 2011, la Agenda propone “reducir significativamente el número de diputados, magistrados del Consejo Supremo Electoral y Corte Suprema de Justicia y regresar a la Contraloría General de la República unipersonal”.
En lo referente al poder electoral, la Agenda propone su total reestructuración para garantizar procesos electorales justos, libres y transparentes; crear el Instituto de Cedulación ciudadana como un organismo autónomo; y garantizar la gratuidad de la cédula; perfeccionar el sistema y funcionamiento de los partidos políticos, así como tomar las medidas que sean necesarias para permitir el voto de los ciudadanos nicaragüenses en el exterior.
Otras propuestas se refieren a retomar la implementación de la Ley de Participación Ciudadana; hacer efectiva la Ley de Acceso a la Información, así como la Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa. Esta última deberá garantizar “el pleno respeto a la dignidad del empleado público y asegurar que no hayan contrataciones ni despido por razones partidarias sino en base a la meritocracia profesional y capacidades individuales”.
La libertad de expresión es de la esencia misma de un sistema democrático, por lo que la Agenda establece el pleno respeto a la absoluta libertad de prensa, de expresión y difusión del pensamiento y la información, “canalizando la publicidad estatal sin criterios partidarios y limitando la tendencia al oligopolio o al duopolio en la propiedad de los medios”.
La importancia de diseñar una política exterior, que se inspire en los verdaderos intereses del pueblo nicaragüense y no en motivaciones ideológicas, es otra de las propuestas incluidas en la Agenda. Así se podría recuperar e incrementar la cooperación internacional que hemos perdido como resultado de los últimos fraudes electorales. Además, se recomienda evitar medidas irracionales en contra de representantes de países amigos, que dañan la imagen del país, y alejan la inversión extranjera y nacional.
La Agenda aboga, en coincidencia con lo que han denunciado los organismos que defienden los derechos humanos, el cierre de las celdas infrahumanas de El Chipote y erradicar de raíz la práctica de la tortura, condenada por nuestra Constitución y los Convenios internacionales. También se aboga por la reestructuración del Sistema Penitenciario, para orientarlo a la auténtica rehabilitación de los presos.
Finalmente, pero no menos importante, es la propuesta de “diseñar, mediante un gran consenso nacional, un Plan de Desarrollo Humano Sostenible que promueva una mayor equidad social y el respeto al medioambiente. Y planes que incluyan programas y recursos específicos para promover el desarrollo y la autonomía de las Regiones Norte y Sur del Caribe nicaragüense y las comunidades indígenas”.
El autor es jurista y catedrático.
