“El Gobierno de Nicaragua no cumple a cabalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata”, señala el informe anual 2016 sobre trata de personas, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en lo relativo al país.
Pese a que el informe le reconoce al Gobierno de Daniel Ortega, que realiza esfuerzos significativos para cumplir dicho fin, también señala que pese a la implementación de una nueva ley específica para la trata— la cual impone sanciones estrictas para los delitos de trata sexual y laboral— su definición de trata de personas no es consistente con la legislación internacional.
Por ejemplo, menciona que combina la trata de personas con otros delitos, tales como la adopción ilegal, y establece el uso de la fuerza, coerción, o el engaño como factor agravante en vez de un elemento esencial de la mayoría de los delitos de trata de personas.
En 2015 ese mismo informe colocó al país en la categoría de nación que “no cumplen plenamente con las normas mínimas” para erradicación de ese delito.
Entre los señalamientos que le hace a la actuación gubernamental destaca que disminuyó sus esfuerzos para identificar a las víctimas, y en general la protección a víctimas continuó siendo inadecuada. El Gobierno identificó y brindó asistencia indeterminada a treinta nacionales víctimas de trata, incluyendo dos adultos y 28 niños, lo que Estados Unidos considera una disminución significativa en comparación con las 51 víctimas en 2014.
ORIGEN Y TRÁNSITO
Según el Departamento de Estado, Nicaragua es principalmente un país de origen y tránsito para el delito de trata.
El informe señala que las mujeres y, niños nicaragüenses son vulnerables a este delito dentro del país y hacia países de Centroamérica, México y Estados Unidos. Las víctimas son reclutadas en áreas rurales o en zonas fronterizas a través de falsas promesas de altos salarios por trabajo en centros urbanos y locales turísticos, en donde son sujetos a la trata sexual o laboral.
Refiere el mismo que el año pasado el Gobierno identificó menos víctimas en relación al 2014, y en general los esfuerzos de protección fueron débiles; “el gobierno no financió ni otorgó presupuesto para servicios de atención adecuada para las víctimas, ni tampoco refirió sistemáticamente a todas las víctimas a ONGs para recibir dicha atención”.
Entre otras cosas señala el informe que el gobierno careció de procedimientos formales para la identificación de víctimas entre los grupos vulnerables, y los funcionarios que abordan este tema de forma directa no contaron con el entrenamiento adecuado para identificar a todas las formas de trata, a su vez que la coalición liderada por el gobierno contra la trata y sus mesas de trabajo regionales, en la mayoría de los casos estuvieron inactivas durante el período evaluado, y elementos esenciales de la nueva ley de trata – tales como el fondo especial contra la trata – no fueron implementados.
PROTECCIÓN A VÍCTIMAS
Estados Unidos recomienda a Nicaragua entre otras cosas: brindar, junto con organizaciones de la sociedad civil, servicios especializados para las víctimas de trata; incrementar el financiamiento para la protección de víctimas; implementar procedimientos operativos para referir de forma efectiva a las víctimas a los servicios adecuados e incrementar la capacitación para funcionarios gubernamentales – incluyendo a trabajadores sociales, inspectores laborales y agentes del orden público – para facilitar mejor identificación de víctimas y su asistencia, particularmente en las regiones autónomas y mejorar el registro de estadísticas.
