En la conciencia de todo el pueblo nicaragüense, incluidos todos aquellos que simpatizan con el FSLN, está marcado quiénes son la oposición.
La oposición son los que se oponen en las calles, en la Asamblea Nacional y en cada municipio de Nicaragua, a la consolidación de un estado autocrático, a una dictadura que ha venido concentrando el poder y que no quiere permitir que el pueblo tenga una verdadera opción electoral y pueda votar por la oposición.
Los sellos del Partido Liberal Independiente (PLI) que la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ha otorgado a Pedro Reyes Vallejos y su grupo, no los convierten automáticamente en opositores, así que si no son opositores, son colaboracionistas.
El propio Reyes se ha encargado de ratificarlo al declarar, en la edición del viernes 10 de junio de LA PRENSA, que le dieron la representación legal del PLI en función de los intereses del Frente Sandinista: “En este país todo se mueve de acuerdo a intereses; ahora, en este momento, al Frente ya no le interesa más don Eduardo”.
Llama poderosamente la atención, que en la conferencia de prensa de celebración por la sentencia favorable de la Corte convocada por el señor Pedro Reyes y el Consejo Directivo del PLI, hayan colocado las banderas del PLI entrelazadas o alternadas con bandera nacional.
Este es un detalle característico del escenario de todas las conferencias del partido FSLN, en su afán permanente de equiparar sus intereses y símbolos partidarios, con los de la nación. Un detalle que choca ante la vista de cualquier observador… solo faltaron los abundantes arreglos florales.
Otra prueba irrefutable de que se trata de una sentencia política es el hecho de que la Sala Constitucional se tomó cinco años y tres meses “estudiando” los recursos de las tres facciones del PLI hasta que, a escasos cinco meses de las elecciones encontró “la piedra filosofal” —seguramente cerca del Reparto El Carmen— y decidió descarrilar al PLI, que encabeza la oposición verdadera agrupada en la Coalición Nacional por la Democracia.
Si las elecciones han de tener legitimidad, el Consejo Supremo Electoral (CSE) está en la obligación de acreditar a todo aquel grupo o partido que desee participar en las elecciones del 6 de noviembre y llene los requisitos, expeditando el proceso y permitir la observación electoral para garantizar su transparencia, de tal manera que los resultados sean aceptados por todos los contendientes. Si la oposición no participa, ya no sería necesaria la observación.
El pueblo no se presta a engaños. Ya una vez, el 20 de febrero del 2008, el CSE le quitó a Eduardo Montealegre los sellos de ALN y se los dieron a Eliseo Núñez Hernández y cuando esto ocurrió el Movimiento Vamos con Eduardo se agrupó y fortaleció el PLI, convirtiéndolo en un verdadero contendiente electoral, que aún con el fraude del 2011 quedó como segunda fuerza política del país con un 31 por ciento de los votos… ¿qué pasó con el ALN de Eliseo Núñez?… Obtuvo únicamente el 0.4 por ciento de los votos.
Así que no son los sellos ni las sentencias “apegadas a derecho” que se elaboran en un quinquenio los que automáticamente convierten a un movimiento, partido o alianza, en oposición.
Se necesita algo más, tal como cita el editorial de LA PRENSA del sábado 10 de junio, al tratadista chileno en derecho electoral Mario Fernández Baeza: “Oposición se relaciona con la alternancia en el gobierno; pues uno de sus rasgos principales es justamente que la oposición es tal en cuanto no concuerda con el gobierno y presenta un curso de acción o programa distinto. Lógicamente esa aspiración solo es viable en sistemas donde la alternancia está garantizada en la medida que se obtiene el apoyo electoral requerido”.
La oposición, agrupada en la Coalición Nacional por la Democracia, debe plantear y luchar por su participación en las elecciones en cualquier casilla, el pueblo sabrá reconocer dónde están los verdaderos liberales independientes, dónde está la verdadera oposición, que como ya dijimos, significa alternativa.
No puede haber elecciones sin oposición, volveríamos el reloj de la historia a julio de 1974, cuando solo se podía votar por Somoza o por el conservador colaboracionista Edmundo Paguaga Irías y ello nos obligaría nuevamente a proclamar como entonces: “No hay por quién votar”.
El autor es diputado de la Bancada Alianza PLI y presidente de la Comisión de Turismo.
