NICARAGUA EMPRESARIA
La semana pasada el Consejo Superior de la Empresa Privada ante los eventos políticos de ese momento planteó su posición para que el proceso electoral tuviese la legitimidad necesaria para que todos los nicaragüenses pudiésemos valorar que hemos participado de una contienda electoral imparcial y transparente.
En ese pronunciamiento instábamos al poder judicial y electoral a actuar y responder los asuntos de su competencia como una forma de contribuir a la institucionalidad democrática de nuestro país.
Lo que es una realidad es que la decisión que tomó la CSJ lo que hizo fue enrumbar el proceso electoral en un camino de mayores dudas, generando más incertidumbre, y como lo expresaba el cardenal Brenes trae consecuencias en toda la población votante.
Es por ello que al conocer de la noticia en la nuestra conferencia de prensa semanal manifestamos en forma inmediata que “es una situación grave porque creará incertidumbre y no abona en absoluto a la situación de estabilidad y clima de negocios que requiere el país”.
Dijimos también que “el clima de negocios requiere de estabilidad política y que no se puede divorciar la estabilidad política del clima de negocios y esto nos pone en una situación complicada”.
Este ha sido permanentemente un tema de principios para Cosep y por eso hemos planteado desde el 2009 en las Agendas Cosep y en el año 2013 en nuestro documento denominado los 5 Pilares del Crecimiento, la necesidad de fortalecer el Estado Democrático de Derecho, y en particular, la independencia, transparencia y eficiencia en la administración de los procesos electorales.
Ese compromiso ha regido nuestro actuar, lo que se evidencia en forma concreta durante el proceso de reforma constitucional culminado en el 2014, en donde garantizamos en el texto final que se eliminara el concepto de democracia directa, que se garantizara el pluralismo político y la participación de los partidos políticos, la reafirmación de nuestro Estado como Democrático basado en el principio de División de Poderes, la reafirmación de la democracia participativa y el derecho a la comunicación eliminando los controles del Estado, entre otros.
Pero también lo hemos hecho a través de incidir defendiendo derechos individuales, la seguridad jurídica y derechos políticos en los procesos de formación de leyes ordinarias, tales como la Ley de
Seguridad Privada, Ley de Seguridad Soberana, Ley de Escáneres, Ley de Régimen de Fronteras y de la Defensa Nacional, así como en la reversión de algunos decretos administrativos contrarios a estos derechos.
Nuestro actuar y nuestros resultados nunca han estado limitados al tema económico. Lo que sí no hemos hecho ni haremos es impulsar ningún tipo de posición político partidaria. Lo que sí no hemos hecho ni haremos es dejar de impulsar la economía y la democracia.
En todos estos años hemos apostado por el mecanismo de diálogo y consenso para el fortalecimiento de la institucionalidad económica, ya que estamos convencidos y los resultados de los últimos años lo validan, que esa es la forma que nuestro país puede superar su atraso y enrumbarse al desarrollo sostenible.
Pero también creemos que debe de haber una política de Estado que fortalezca la institucionalidad política. No podemos permitirnos que el país camine y avance económicamente, pero que retroceda peligrosamente en lo político institucional. Y para eso vamos a seguir desde nuestro rol gremial impulsando ese objetivo.
Seguiremos insistiendo ante los distintos poderes del Estado que el tema de la institucionalidad política, y más precisamente la institucionalidad electoral, es determinante para seguir creciendo, generar empleo y atrayendo inversión.
Por eso nos preocupa que no existan señales claras de avanzar en el diálogo y consenso político. También nos preocupa que se vayan cerrando los espacios políticos electorales para la oposición y que se estimule a las voces y posiciones que consideren que la única alternativa es la protesta y la violencia, y para ello, quieran que el sector privado juegue un papel desestabilizador clave en lo que algunos llaman la “resistencia cívica” en defensa de la democracia.
Nuestra valoración en este momento es que el partido de gobierno debe dar la pauta, como lo ha hecho con el diálogo económico, para recomponer la situación política actual.
Para esto se debe optar por el camino del diálogo apoyado por todos los sectores, que permita alcanzar oportunamente los consensos políticos mínimos para restaurar la confianza en el proceso electoral y con ello, podamos seguir por la ruta del desarrollo económico y social que el país requiere.
