Pese a que en 2012 la Fiscalía determinó que la violación contra Militza Matute Martínez, “es un caso grave”, según recuerda la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marjourie Rodríguez, ninguna institución del Estado explica los motivos por los cuales no han solicitado una investigación al Gobierno de Venezuela, donde ocurrió el delito en 2011.
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La abogada del Cenidh ha brindado acompañamiento a la víctima, después que hace cinco años su madre Ana María Martínez emprendió una campaña porque el caso de su hija no quedara impune. La Fiscalía como representante de la víctima debería impulsar el caso para que Militza Matute encuentre justicia, expuso Rodríguez. LA PRENSA consultó a la responsable de Comunicación de la Fiscalía, Messelina Rivas, sobre este hecho, quien prometió indagar.
Recordó Rodríguez, que fue ante la presión de la víctima que la Fiscalía remitió el caso a la Procuraduría General de la República (PGR), para que esa institución en representación del Estado demandase una investigación al gobierno de Venezuela.
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Sin embargo, Rodríguez critica que en la PGR le han cerrado las puertas a la madre de Militza “como si fuera una institución privada”. Por segundo día consecutivo LA PRENSA consultó a la oficina de comunicación de la PGR; pero nuevamente no hubo respuesta.
A esto se agrega, que en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) también descansa un recurso de amparo en contra del procurador Hernán Estrada. Rodríguez explica que inicialmente introdujeron un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) que lo admitió y le dio trámite a la CSJ que es donde “está paralizado” el caso como otros presentados por organizaciones de la sociedad civil ante esa institución.
LA PRENSA buscó la versión del vocero de la CSJ, Roberto Larios, quien también prometió investigar lo que ha sucedido con ese recurso en la Sala Constitucional.
HAY EXPEDIENTE CLÍNICO
En el expediente remitido por la Fiscalía a la PGR para solicitar asistencia mutua, señala que “fue en el recinto universitario donde se dieron los hechos que también fue del conocimiento de la directora (de esa escuela en Venezuela)”, manifestó la abogada del Cenidh.
En el expediente de la Fiscalía incluye un informe psicológico que determinó cuáles eran las causas que habían provocado el “shock postraumático”, junto a todo el expediente clínico del Hospital Militar donde fue atendida inicialmente e incluye un epicrisis de la atención que recibió en Cuba.
No obstante, recordó Rodríguez que en octubre de 2013, ella estuvo presente cuando una funcionaria de la PGR atendió a Martínez y alegó “ese argumento de información clasificada”.
Para Rodríguez, “no existe argumento jurídico, no existe un argumento legal, que sustente una decisión administrativa” de ese tipo por parte de la PGR.
DENEGACIÓN DE JUSTICIA
El silencio de las instituciones del Estado que deberían proteger a Militza Matute, en este caso la víctima de violación por un empleado de una escuela de medicina en Venezuela adonde había sido enviada a estudiar medicina becada por el gobierno de Daniel Ortega, se convierte en un caso de denegación de Justicia. Esto porque de acuerdo a la abogada del Cenidh, Marjourie Rodríguez, “hay una vulneración de la institucionalidad al no responder”, a la demanda de la víctima.
