A cinco años de que Ana María Martínez recibió a su hija Militza Matute sin poder hablar ni moverse producto de una violación en una escuela de Medicina en Venezuela, donde estudiaba, critica que el Gobierno de Nicaragua no la ha acompañado en su demanda de Justicia.
Ante esa falta de respuesta por parte del Estado nicaragüense hace casi dos años que Martínez, acompañada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), introdujo un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra del procurador general de la República, Hernán Estrada. Pero aún no tiene respuesta.
El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, recuerda “la esencia del recurso (de amparo) era un reclamo… o una demanda por la falta de acción”, por parte de Estrada.
“El Estado de Nicaragua, representado por la Procuraduría, ha actuado durante todos estos cinco años con el más completo silencio”, apuntó Carrión, quien señaló: “Jurídicamente incumplieron al no darle atención y protección como nicaragüense”.
Carrión recordó que el tiempo estipulado para que la CSJ dé una respuesta a la introducción de un recurso es de 45 a 60 días. Sin embargo ya han pasado 21 meses.
En octubre de 2013 Martínez, junto con su hija Militza, quien empezaba a volver a caminar, acompañada del Cenidh y organizaciones de mujeres, demandó ante la Procuraduría General de la República (PGR) que como abogado del Estado solicitara a sus homólogos de Venezuela una investigación de los hechos denunciados.
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¿INFORMACIÓN CLASIFICADA?
Carrión recuerda que la PGR nunca brindó una explicación. Martínez precisó que en ese momento “la PGR dijo que ellos ya estaban en eso, pero que esa información era clasificada del Estado”.
LA PRENSA consultó a la responsable de Comunicaciones de la PGR, Auxiliadora Rayo, y prometió indagar sobre lo ocurrido en este caso.
Martínez ha denunciado que su hija fue violada por un empleado de la Escuela Latinoamericana de Medicina de Venezuela (Elam), adonde viajó tras haber sido becada en 2010 para estudiar Medicina.
La madre de Militza conserva un correo electrónico que el 26 de julio de 2011 le dirigió la directora de la Elam, Sandra Moreno, en una respuesta a un cuestionamiento suyo, dos meses después de que la funcionaria había viajado al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, donde le entregó a Militza.
“Aquí no sucedió nada malo ni fuerte, salvo lo que implica una experiencia de encontrarse con muchos modos de vivir distinto al conocido, costumbres, personas, exigencias de aprendizaje, gente desconocida, descontextualización de su marco de seguridad con su familia, sus afectos”, expresaba Moreno en su mensaje.
Después de todo lo que han sufrido Militza y su madre, esta última manifestó que se siente “frustrada, impotente, ya no sé ni para dónde agarrar, no sé qué puertas tocar”.
Martínez dice que este delito, del cual fue víctima su hija, les cambió la vida por completo. Y advierte que pese a que a lo interno les han cerrado todas las puertas, incluida la atención en salud, ella seguirá en su lucha por que su hija encuentre Justicia.
LA PRENSA consultó a Juanita Telica, vocera interina del Ministerio de Salud, quien también prometió investigar lo ocurrido en este caso.
HAY MOMENTOS DE CRISIS
Ana María Martínez expresó que a cinco años del hecho, Militza, quien poco a poco ha logrado recuperarse, lucha por volver a escribir y hablar correctamente. “Está luchando por volver a ser ella, a perder los miedos… está más consciente, entonces está reclamando más, me hace crisis de histeria, llanto”, sostuvo Martínez.
“Lo que pasa es que el maldito violador no entiende que no solo le hace daño a la persona, sino al entorno, porque a mí me cambiaron la vida”, expresó Martínez.
La madre de Militza señala que aún está fresco en su memoria cuando hace cinco años recibió un mensaje por correo electrónico en el que le advertían que viajara a Managua para recibir a Militza “sin decirme que Militza venía en esas condiciones”.
