Alejandro Calero Dávila

Estado de derecho y Estado abortado

En América del Sur se libran dos batallas contra la corrupción. En Brasil, donde existe estado de derecho, y en Venezuela donde la corrupción es acéfala porque todos en el gobierno han tratado de robar más que el otro, hasta que ya no hay nada que apropiarse.

En Brasil con la presidenta y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, hombre que se creía que en una calurosa y agitada noche de carnaval bajó del cielo para redimir a los brasileños, todo iba saliendo según sus planes hasta que toparon con un juez que no quiso ser considerado parte de la estupidez. Rousseff pretendió proteger al compinche dándole inmunidad, y aunque por ahora se salve será solo cuestión de tiempo llevarlo a que pague por sus delitos.

Lula es acusado de blanqueo de millones de dólares, además no declaraba impuestos por lo que recibía en donaciones o pagos por conferencias brindadas a universidades. Dilma Rousseff es acusada por estilista fallida o sea por maquillar las cifras del balance financiero que presentaban al Congreso, haciendo creer que en Brasil todo iba bonito, algo parecido a lo que hizo el Banco Central de Nicaragua.

Lula y Rousseff son la expresión más perversa de la corrupción en su esencia pura y tenebrosa en la historia de ese gigante de América del Sur. Pero ahora están en dificultades porque aún con todos los problemas que enfrenta y de toda índole, en Brasil se ha logrado mantener la independencia entre los distintos poderes políticos del Estado. Lula se tuvo que tragar sus propias palabras de cuando dijo: “los ladrones pobres van a la cárcel y los ricos se hacen ministros”.

Curiosamente en Brasil los que mandan no dicen que están construyendo revolución, a como dicen otros presidentes demagogos y trasnochados e igual de corruptos.
En la triste Venezuela ocurre por el momento todo lo contrario. En un afán de querer demostrar al mundo que el pueblo lo apoyaba, Nicolás Maduro realizó elecciones parlamentarias de las cuales el resultado es historia. Pero Maduro y Diosdado Cabello, por el resultado obtenido se arrepintieron de haber realizado esas elecciones y juraron que toda ley que aprobara la Asamblea no iba a pasar. Ahora no están dispuestos a volver a ceder espacio al pueblo porque significaría su expulsión inmediata del poder y el seguro encarcelamiento, prefieren jugar recio porque no tienen nada que ganar y sí mucho que perder.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que antes del 6 de diciembre 2015 de hecho no existía porque Maduro era la ley, fue conformado con la seguridad de que todo lo que produjera el Legislativo debía ser declarado “inconstitucional”. Así, el pelotón de fusilamiento, como llama Henry Ramos Allup al TSJ, declaró inconstitucional la Ley de Amnistía privando a Venezuela de la reconciliación entre la familia venezolana pero han acelerado la probable caída del régimen por la vía violenta.

Mientras en Brasil existe independencia de poderes, en Venezuela los poderes se someten al corrupto convirtiéndolo en un Estado abortado, porque no quieren reconocer la voluntad del pueblo que se expresó en las urnas dándole a la oposición una mayoría parlamentaria absoluta.

El autor es directivo municipal del PLI Managua.

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