A cuatro días de que se desarrolle la cuarta marcha nacional contra el proyecto del Canal y por la derogación de la Ley 840, la Policía Nacional, no se ha pronunciado sobre la solicitud de acompañamiento que le presentó el Consejo por la Defensa de la Tierra.
El 4 de abril la coordinadora de ese movimiento, Francisca Ramírez, le dirigió una carta al comisionado Arnulfo Rocha Mora, jefe de Nueva Guinea, para comunicarle de la actividad programada para este viernes 22 de abril, en la localidad. Ramírez aclaró que el escrito no fue una solicitud de permiso, sino de comunicación, pues la manifestación y concentración es un derecho.
Ramírez demandó a la Policía “que por primera vez en la vida, nos dejen marchar”, pues recordó que en todas las 64 marchas contra el Canal que han realizado han presentado similares escritos, sin que la Policía se pronuncie.
REPRESIÓN POLICIAL
Y “en las 64 marchas siempre han habido atropellos, siempre hemos tenido represión y siempre las hemos hecho”, expresó Ramírez.
Dijo que aunque saben que la Policía no se pronunciará sobre dicha solicitud, esto lo hacen para que el Gobierno no alegue que no está enterado, como se justificó en el informe que en marzo pasado presentó ante el Consejo de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, en Ginebra, sobre los acontecimientos de la marcha del 27 de octubre de 2015.
Sobre esos alegatos en relación con los incidentes del 27 de octubre, en Managua, el director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, lo calificó como una “desfachatez”, pues sin ninguna vergüenza informaron a los mecanismos de Naciones Unidas “haber estado desinformados en el sentido de que fue una marcha sin permiso”.
Carrión señaló que “manifestarse es un derecho político, un derecho humano, constitucionalmente establecido. El término de permisibilidad no puede ser arrogado por las instituciones del Estado. El elemento así como regulatorio es para fines del conocimiento de la autoridad estatal de que se va a ejercer un derecho y lo que debe hacer el Estado es adoptar las medidas para que la ciudadanía que se va a manifestar, lo pueda hacer”.
Apuntó que “está probado en los últimos años que con o sin permisos, quienes se manifiestan en defensa de diversos derechos han enfrentado los riesgos, por acción u omisión de los agentes del Estado”.
En el escrito, dirigido al comisionado Rocha, Ramírez le da a conocer que el 22 de abril próximo, a partir de la 9:00 a.m., realizarán “una manifestación y movilización pública cívica y pacífica, en el municipio de Nueva Guinea”. Y le aclara que esta actividad la desarrollarán amparados en lo establecido en el capítulo 2, artículo 54, de derechos políticos de la Constitución Política que dice:
“Se reconoce el derecho de manifestación y concentración pública”.
En el mismo escrito le especifican a Rocha que a la actividad acudirán delegaciones de todo el país, quienes demandan la derogación de la Ley 840, “por lo que le solicitamos en calidad de autoridad del orden público, que se nos provea cobertura, protección, acompañamiento a toda la población nicaragüense que se estará desplazando en todo el trayecto de dicha actividad”.
EL DEPARTAMENTO DE ESTADO
El tema sobre el proyecto del Canal también ocupó un espacio en la Sección 4, corrupción y transparencia, del informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado, de Estados Unidos.
Menciona que en 2013 el Gobierno otorgó una concesión a cincuenta años, con la posibilidad de una extensión de otros cincuenta, para construir y operar un Canal Interoceánico a través del país.
La concesión se adjudicó con poco o ningún debate público previo y sin un proceso abiertamente competitivo. Organizaciones de la sociedad civil, científicos, ambientalistas y grupos indígenas expresaron su preocupación por el proyecto.
