La cooperativa Caja Rural Nacional (Caruna), vinculada a la familia presidencial, actualmente más que en una altruista financista de programas sociales del Gobierno, se ha convertido en una acreedora que otorga millonarios préstamos a empresas estatales.
Entre el 23 de diciembre del 2015 al 16 de marzo pasado, el Gobierno por medio de tres acuerdos presidenciales y tres ministeriales de Hacienda y Crédito Público, todos publicados en La Gaceta, Diario Oficial, ha registrado como deudas públicas de Caruna un total de 1,255.3 millones de córdobas (44 millones 372 mil dólares).
De este monto, los acuerdos publicados por La Gaceta establecen que a la fecha 664.6 millones de córdobas (23.4 millones de dólares) ya han sido cancelados a Caruna por las deudas en conjunto de la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas), Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI) y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal).
Estos créditos en particular no han sido discutidos ni analizados en detalles por la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, según confirmaron miembros de la misma a este Diario.
EL SALTO DE CARUNA
Caruna era una pequeña cooperativa fundada en 1993 por 13 asociados y una mujer como socia fundadora. Un pequeño colectivo de ahorro y crédito entre sus miembros, que en 2007 tuvo un vuelco abismal con la llegada al poder del presidente inconstitucional Daniel Ortega.
La entrada en el juego político y económico de Nicaragua del acuerdo petrolero firmado con Venezuela convirtió a esta pequeña cooperativa en un enlace clave para la ejecución de este convenio.
El convenio ha sufrido modificaciones desde 2007 a la fecha, pero mantiene a Caruna como un elemento primordial en la ejecución del acuerdo petrolero.
Los reportes del Fondo Monetario Internacional sobre los informes del gobierno nicaragüense en torno al acuerdo establecen que la factura petrolera (pagada por todos los consumidores nicaragüenses de carburantes) del país es cancelada en su totalidad a Petróleos de Venezuela (PDVSA) en un plazo de noventa días.
Un cincuenta por ciento del pago de esta factura es transferido a Alba Caruna bajo la forma de un crédito a ser cancelado en un plazo de 25 años, con una tasa de interés del dos por ciento anual. El 62 por ciento de este crédito se destina a financiar inversiones (físicas o financieras) de la cooperativa con fines de lucro, y con el restante 38 por ciento se financian programas sociales del Gobierno, bajo mecanismo de donación, que se han convertido en préstamos millonarios como los mencionados.
Caruna mantiene una actitud hermética sobre el tema.
El presidente de la cooperativa, Jorge Martínez, cuando fue consultado por teléfono, dijo desconocer sobre los préstamos y nos remitió a Hacienda y Crédito Público (MHCP). El titular de esta cartera, Iván Acosta, ha evadido responder las consultas de este Diario.
El único que se ha pronunciado sobre el tema es el diputado orteguista Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, quien admitió que él y resto de diputados de esta comisión desconocían que Caruna era la que había prestado el dinero para Enabas, pero defendió la manera en que la operación fue manejada por el MHCP.
“No lo sabíamos porque eso le corresponde al MHCP. Hay que recordar que la Ley de Administración Financiera y Régimen Presupuestario desarrolla todos los trámites para la formalización del endeudamiento público. Lo que le compete a la Asamblea Nacional es que, formalizado el acuerdo y el endeudamiento, se hace un plan de pagos que se vienen colocando de manera periódica en el Presupuesto de la República. Luego la Asamblea observa si están todos los documentos que ordena la ley para que dicho endeudamiento se pueda incorporar al presupuesto”, explicó el diputado Gutiérrez en esa ocasión.
NICARAGUA OPTÓ POR LAS DEUDAS
El pasado 11 de febrero LA PRENSA reveló con base en consultas a despachos gubernamentales en Honduras, El Salvador y Costa Rica cómo Nicaragua, en vez de acudir a las agencias de cooperación internacional para enfrentar la crisis por la sequía, optó endeudarse con la Caja Rural Nacional (Caruna), la cooperativa que controla la familia presidencial.
El reporte del diario reveló cómo los demás países de la región destinaron partidas del presupuesto público y contrapartidas de agencias como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el gobierno del presidente inconstitucional Daniel Ortega buscó endeudar al Estado con 864 millones de córdobas.
LEY CONTRADICE A DIPUTADO
El Capítulo VII del reglamento de la Ley 477 de Deuda Pública contradice la versión del diputado orteguista y presidente de la Comisión Económica, Wálmaro Gutiérrez, referida a que los miembros de dicha comisión tengan que desconocer los detalles de los préstamos a Caruna, y que sólo sepan de estas operaciones hasta luego que Hacienda y Crédito Público ya haya hecho las transferencias a la cooperativa. Este capítulo contiene los artículos del 53 al 64 que establecen la facultad de la Asamblea Nacional para revisar y posteriormente autorizar las deudas de las empresas estatales con otras entidades financieras.
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