El Gobierno Comunal Creole de Bluefields (GCCB) denunció que el Estado de Nicaragua a través de la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (Conadeti) cercenó el derecho de este pueblo afrodescendiente a recibir el territorio que por derecho ancestral les pertenece.
Mediante un comunicado, el GCCB afirma que su reclamo territorial —junto con el Territorio Rama y Kriol— constituye el 52 por ciento de la ruta del Gran Canal Interoceánico, y que con esta distribución de territorio, “queda el camino libre” para el desarrollo del megaproyecto.
Dolene Miller, representante creole ante la Conadeti, afirmó que en este caso hay “una intención política, porque incluso mi persona fue excluida de la asamblea de la Conadeti y prácticamente lo que se hizo fue poner a otra persona, sin haberse hecho elecciones comunitarias para elegir al representante, por lo tanto lo que vemos es corrupción”.
El “Título de Propiedad Comunal Negra Creole Indígena de Bluefields”, fue emitido por la Conadeti el jueves 31 de marzo del 2016, y solo reconoce el siete por ciento del área total (marítima y terrestre) que el GCCB reclamaba.
En el comunicado, el GCCB explica que el 52 por ciento de la ruta del Gran Canal está en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), y pasaría por tierras que pertenecen al Territorio Rama y Kriol y por las tierras que reclama el GCCB.
Nora Newball, coordinadora y representante legal del GCCB, afirmó que desde 2006 presentaron ante la Conadeti la propuesta del área terrestre y marina reclamada, y esta fue aceptada en 2010.
Sin embargo, según Miller, se estableció un gobierno paralelo al electo por la asamblea comunal en septiembre de 2014 (tres meses después de la aprobación de la Ley del Gran Canal), para que este fuese quien decidiera sobre el proceso de titulación.
“Lo que vimos fue una manipulación burda de personas de nuestra misma etnia pero pertenecientes a estructuras políticas partidarias y lo que han hecho es violar los derechos colectivos de un pueblo”, afirmó Miller.
Desde entonces, el GCCB ha presentado ocho recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de los cuales, en seis esta institución ha fallado en contra de la comunidad.
María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), afirmó que “este título es producto de violaciones al debido proceso legal por lo que los creoles de
Bluefields han presentado ocho recursos de amparo desde abril de 2014 a la CSJ, el último de estos, presentado en febrero de 2016”.
Según Acosta, este último recurso “es la oportunidad del sistema judicial de Nicaragua para ceñirse a la ley y evitar que se proceda de forma internacional, aunque todas las violaciones de este proceso están documentadas y se han enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
INTERÉS SOBRE LAS TIERRAS
Miller planteó que “la intención del gobierno es disminuir esa cantidad de territorio que estaba demandando Bluefields, porque el Estado de Nicaragua todavía ve a la población negra de Bluefields como elementos extranjeros”.
Por su parte, Newball dijo que “los afrodescendientes tenemos derecho a nuestra tierra con el procedimiento debido y de acuerdo al reclamo que se hizo”.
Una de las principales preocupaciones del GCCB es que “al excluir estos territorios del reclamo inicial, quedarían a discreción esas tierras, que en su vasta mayoría son comunitarias y excluiría a la comunidad de ese derecho ancestral”, dijo Miller.
Tanto para Newball como para Miller, el actuar de Conadeti y demás autoridades, es una nueva forma de discriminación y racismo.
“Esto es una nueva forma de genocidio, lo digo con esta certeza porque muchas personas no se dan cuenta que una población puede ser eliminada si se les coarta su medio de vida”, afirmó Miller.
MARCO JURÍDICO
Los pueblos indígenas y afrodescendientes de Nicaragua están amparados bajo la Ley 445 para el reclamo y posesión de sus territorios ancestrales. Asimismo, se amparan en el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas. Según el Gobierno Comunal Creole de Bluefields, el título de propiedad entregado por la Conadeti “viola los preceptos consignados en la Constitución Política de la República de Nicaragua, la Ley 28, la Ley 445, El Convenio 169 de la OIT y la Convención Americana de Derechos Humanos”.
