El gobierno salvadoreño busca arrebatar a los pandilleros el poder que ejercen desde las cárceles con una serie de medidas “extraordinarias” presentadas este jueves al Congreso y que implican el endurecimiento del régimen de seguridad y el aislamiento de los líderes de las peligrosas maras.
El ejecutivo pretende así combatir la violencia y reducir la cifra de asesinatos en el país, que entre el 1 de enero y el 9 de marzo pasados se disparó 107 por ciento, en comparación con igual período de 2015, para totalizar 1,621, con un promedio de 23 crímenes al día, atribuidos en su mayor parte a las maras. El Salvador figura como uno de los países con mayor tasa de homicidios en el mundo.
Las “disposiciones especiales, transitorias y extraordinarias” fueron entregadas por el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, a la presidenta del Congreso, la diputada oficialista Lorena Peña y se espera se aprueben este viernes en la sesión plenaria.
MAYOR VIGILANCIA
La propuesta busca “mayor control, vigilancia permanente, registros constantes y traslados” en el sistema penitenciario, señaló el presidente Salvador Sánchez Cerén en un mensaje a la nación.
La normativa declara estado de emergencia por un año en por lo menos siete penales en los que se encuentran encarcelados pandilleros, a fin de realizar registros constantes de los presos y restringir las visitas familiares e íntimas.
De acuerdo con las autoridades, los líderes de las pandillas que se encuentran en las penitenciarías son los que giran las órdenes a sus seguidores en libertad para que ejecuten extorsiones o asesinatos.
SIN TELEFONÍA CELULAR
A ello obedece la decisión de aislar a los cabecillas en los penales y bloquearles las señales de telefonía celular para “cortar toda posibilidad de comunicación de los grupos criminales con el exterior”, explicó el ministro Ramírez.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, acusó a las empresas telefónicas de negarse a bajar la intensidad de las señales en los alrededores de las cárceles y afirmó que cuando el Gobierno activa los bloqueadores la respuesta de las telefónicas ha sido aumentar la potencia de sus torres de transmisión.
El proyecto prevé que a las empresas telefónicas que no ayuden a bloquear la señal en los penales se les imponga una multa de unos 700,000 dólares por cada día de incumplimiento, hasta llegar a la revocación de la licencia de operación en caso de reincidencia.
MÁS SOLDADOS
El ministro de Defensa, general David Munguía, aseguró que 1,000 reservistas del Ejército serán desplegados en los próximos días para sumarse a otros 6,000 soldados que ya colaboran en labores de seguridad pública y vigilancia de pasos fronterizos.
Dijo que desconoce de dónde tomará el ejecutivo el dinero para financiar el despliegue de los uniformados.
Sánchez Cerén pidió recientemente al partido opositor Arena su respaldo a la emisión de 1,200 millones de dólares en bonos para “ impulsar” las medidas extraordinarias.
DUDAS ENTRE ANALISTAS
Las acciones emprendidas por el Gobierno levantan dudas entre algunos analistas, que no están convencidos de su eficacia.
“Hay que ver esto con cautela, pues son medidas que atienden la necesidad de ejercer un mayor control y no van más allá”, aseguró Jeaneth Aguilar, especialista en temas de pandillas.
El académico Dagoberto Gutiérrez, vicerrector de la Universidad Luterana, consideró que un ataque a la violencia no debería considerar únicamente medidas de fuerza, pues ello podría derivar “en un agravamiento de la inseguridad”.