El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, evalúa sacar a todo el Ejército y llamar a los reservistas como una medida “extrema” para controlar la escalada de violencia que ha duplicado la cifra de asesinatos respecto a 2015, informó hoy el portavoz del Gobierno, Eugenio Chicas.
“El presidente está valorando de qué manera y con qué recursos se pueda, si se necesita, desplegar a todo el Ejército” y “eventualmente el Gobierno podría decidir (…) llamar a la reserva nacional”, dijo Chicas en una entrevista en el canal estatal.
No obstante, señaló que Estas medidas implican un costo que debe sufragarse con los 900 millones de dólares en bonos, cuya emisión tiene congelada la Sala de lo Constitucional desde junio de 2015 por posibles “vicios de forma y contenido” en su proceso de aprobación en el Parlamento
El pasado lunes, Sánchez Cerén convocó a los presidentes del Parlamento y de la Corte Suprema de Justicia para estudiar “medidas extraordinarias” de seguridad, como el estado de sitio.
El hecho que propició la convocatoria fue la masacre de 11 trabajadores perpetrada por la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) el 3 de marzo en una zona rural de la localidad de San Juan Opico (noroeste), y que fue ordenada desde 2 cárceles.
La presidenta del Congreso, Lorena Peña, señaló recientemente “la implementación de estados de sitio está justificada”, pero advirtió que esta medida también conlleva la suspensión de garantías constitucionales como el de libre reunión y movilización.
La Constitución salvadoreña establece que “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías” y que “tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República”.
El artículo 29 señala que la implementación del estado de sitio “se hará por medio de decreto del órgano Legislativo o del órgano Ejecutivo”, mientras que el número 30 apunta que Este no puede exceder los 30 días.
Las autoridades de Seguridad acusan a las “violentas” pandillas de generar la escalada de violencia que vive El Salvador en 2016, que se ha cobrado la vida de 1,537 personas hasta el 6 de marzo, un 113.5 % más que en 2015, cuando se contabilizaron 720 muertes violentas en este lapso.