A inicios del siglo XIX surge en Suecia la figura del ombudsman, cuyo significado es defensor del pueblo y buscaba proteger a las personas de los abusos de la autoridad. En Nicaragua, el ombudsman está representado en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, creada en 1995 como un órgano autónomo para la defensa y promoción de los derechos humanos, la cual estuvo a cargo de Omar Cabezas Lacayo por más de una década. Tras la renuncia de este días atrás, se ha abierto el debate sobre su sucesión.
A nivel internacional, los Principios de París establecen una referencia mínima del perfil que la institución de ombudsman debe cumplir, pero más allá del quehacer material de la dependencia me interesa destacar el perfil del titular. El apartado B hace referencia a la independencia y pluralismo, se describe que deben existir las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en promover y proteger los derechos humanos, particularmente las ONG y la académica.
Ello implica que para la designación del ombudsman, la Asamblea Nacional no solo debe escuchar, sino tener en consideración las propuestas que surgen desde sociedad civil y academia, pero esto tampoco debe convertirse en una “cuota” para determinado gremio, porque atentaría contra el pluralismo que debe existir.
No es difícil pensar en nombres de defensores de derechos humanos que puedan ocupar el cargo, sin embargo, esto tiene dos inconvenientes prácticos. El primero es que la labor de defender derechos humanos generalmente está forjada a hacha, machete y piocha, lo que significa que hay gran experiencia pero ninguna formación académica especializada, lo que dificulta ver la promoción y protección de los derechos humanos de forma integral, limitándose a reproducir lo que se ha hecho siempre.
El segundo inconveniente es la diferencia de defender derechos humanos desde sociedad civil y desde la función pública, puede impresionar ver a un activista gritar cuatro cosas contra el Estado ante los medios, pero desde la función pública hay que investigar y documentar el hecho para finalmente emitir una resolución administrativa motivada y fundada. Me viene a la mente una denuncia sobre discriminación por orientación sexual ocurrida en la ciudad de León, donde de un día para otro la Procuraduría determinó la violación a derechos humanos, desde mi experiencia en organismos públicos de protección a derechos humanos fuera de Nicaragua, puedo asegurarles que eso no puede ser tomado en serio.
Las experiencias más exitosas de Latinoamérica han tenido lugar con el nombramiento de académicos identificados con el contexto social y sin compromisos políticos, personas que comprendieron que su labor era visualizar los problemas estructurales y combatirlos para evitar futuras violaciones a derechos humanos.
En el imaginario colectivo de Nicaragua no se comprende bien el quehacer del ombudsman, ello se debe a que simplemente este no ha asumido su rol y no se puede comprender su impacto como coadyuvante en la construcción de un Estado democrático. Considero que la principal tarea pendiente para un ombudsman en Nicaragua es la promoción de estándares internacionales de derechos humanos, desconocidos en muchos casos por los propios defensores y ni hablar de las autoridades. Solo colocando al centro del debate público la importancia del respeto a los derechos humanos puede empezar a construirse el consenso en un país.
Una conocida frase de Warren Buffet dice que debes contratar a los mejores y dejarlos hacer lo que saben. Si no, contrata a los más baratos y que hagan lo que tú dices. Teniendo en consideración la alta concentración de poder del régimen y su afán por mantenerlo, no creo busquen a una persona con perfil idóneo, sino una “barata” que haga lo que al régimen le conviene, nada.
El autor es maestro en Derechos Humanos
