Esto es lo que ha escrito el FMI en su Informe sobre la última misión a Nicaragua conforme al Artículo IV de sus Estatutos:
“Las finanzas del INSS no han mejorado como se esperaba después de la reforma paramétrica introducida en 2014. La reforma incluyó un aumento gradual en las contribuciones del empleador y la vinculación del aumento de la pensión a los aumentos en el salario promedio, y fue calibrada para ampliar la sostenibilidad de INSS hasta el año 2031.
Si bien los ingresos han mejorado, esto ha sido contrarrestado por el aumento del gasto debido a la introducción de la “pensión reducida” en 2013, y posteriormente al aumento legislado en estas pensiones en 2015, así como gastos mayores a los presupuestados en los servicios de salud, bienes de capital y administración.
Al mismo tiempo, los retornos de inversión del fondo de reserva han sido bajos. De acuerdo con las tendencias actuales, se proyecta que el INSS mostrará déficit persistentes a partir de 2017, y se espera que el fondo de reserva se agote para 2024.
Según el FMI, se podría extender algunos años el periodo de solvencia del INSS restringiendo el gasto en atención medica —uno de los rubros de mayor demanda y mayor crecimiento— u otros gastos, y todavía un poco más si se implementan las “reformas paramétricas”, quizá las que se habían propuesto inicialmente (aumento en la edad de jubilación, en la tasa de cotización laboral, y disminución del monto de las futuras pensiones a través de distintos mecanismos), las cuales podrían resultar socialmente intolerables. Sin embargo, hasta ahora no se abordan dos elementos clave:
En primer lugar, debe diferenciarse entre las funciones de protección social del Estado, cuyo financiamiento corresponde al Presupuesto (el otorgamiento de una pensión mínima para evitar la pobreza en la vejez, por ejemplo), por un lado, y la función de una entidad de Seguro Social, que consiste en la distribución colectiva del riesgo con algunos atributos de solidaridad, por el otro.
Las funciones de protección social del Estado no pueden ser financiadas por el INSS, sin precipitar su colapso.
Por otra parte, de no cambiar la trayectoria y la estructura de una economía que genera más del 70 por ciento de empleos precarios e informales, de bajísima productividad e ingresos, e incluso los empleos formales pagan salarios muy bajos y la continuidad en las cotizaciones de buena parte de ellos (densidad de cotización) es bastante irregular, no habrá manera alguna de que este sistema público de seguridad social, o cualquier otro, sea viable.
Si a ello se agrega que la relación pensionados/cotizantes empeorará con rapidez en las próximas décadas, al acelerarse el proceso de envejecimiento de la población, parece incierto que la solvencia del INSS pueda extenderse tanto.
Por el contrario, si asumimos que la evolución de los salarios reales de los trabajadores está asociada a medio y largo plazo con los incrementos en la productividad media del trabajo, esto significa que si aumenta la cobertura del sistema de pensiones hacia trabajadores ocupados en actividades de creciente productividad, cuyos salarios reales también están al alza, el mismo estará en mejores condiciones de afrontar este deterioro de la relación pensionados/cotizantes.
En otros términos, las presiones sobre el sistema de pensiones —y sobre el fisco— serán mucho más manejables si la disminución del número de trabajadores aportantes en relación al número de receptores de pensiones, es contrarrestado por un incremento más que proporcional en el empleo y el ingreso real de los primeros, lo que solo sería posible si la cobertura aumenta hacia empleos de cada vez mayor productividad e ingresos reales.
*Economista
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