Para el ambientalista Antonio Ruiz, director ejecutvo de Fundación del Río, que trabaja en la defensa del río San Juan, dijo que desde la Comisión Ad Hoc, conformado por Fundación del Río, Centro Humboldt y el Centro para la Investigación de los Recursos Acuáticos (CIRA-UNAN) se entregó al gobierno de Nicaragua, “pruebas que indicaran los daños ambientales causados por la construcción de la trocha tica en la rivera del río”.
Lea: CIJ: Soberanía de Isla Calero o Harbour Head le pertenece a Costa Rica
“Se le presentó al gobierno de manera acuciosa, la Comisión Ad Hoc presentó los impactos ambientales para que se usara en los alegatos en la Corte, pero no sabemos si se usó o no se tomó en cuenta”, afirmó Ruiz.
En el año 2012, la Comisión Ad Hoc determinó que existía elevada cantidad de sedimentos procedentes de territorio tico, y que son descargados en aguas del río San Juan.
A través del estudio “Valoración del impacto ambiental causado por la construcción de la Ruta 1856-Juan Rafael Mora Porras en la parte baja de la cuenca del río San Juan”, elaborado por la Comisión Ad Hoc se determinó que el impacto de la carretera a la biodiversidad no solo se cuantifica basado en la longitud de los 120 kilómetros de tramos a la orilla del río San Juan, sino también en los 12.7 kilómetros donde pasa la carretera sobre el bosque, en las 35 hectáreas de bosque afectado, las 300 hectáreas de suelo expuesto, además de los 39 puntos críticos identificados in situ, expone el informe.
A inicios de 2014, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) creó una comisión integrada por 30 organizaciones científicas y universidades nacionales y extranjeras para determinar el estado del río San Juan. Esta comisión, en abril de este año indicó que habían nuevos datos para erriquecer los alegatos nacionales en La Haya.
“Hemos venido generando informes y haciendo estudios científicos, lógicamente que eso se brinda a la comisión, a los especialistas. Casualmente como parte de la estrategia no podemos hacer públicos los datos”, afirmó en ese momento Telémaco Talavera, presidente del CNU.
Una oportunidad para el diálogo
Para Salvador Montenegro Guillén, experto en recursos hídricos, la culminación del proceso en La Haya, representa para Nicaragua y Costa Rica una oportunidad para mejorar la cooperación en cuanto a la administración de la subcuenca del río San Juan.
Para Montenegro, es necesaria “la reactivación de la comisión binacional que se conformó como parte de los acuerdos del Sistema Integrado de Áreas Protegidas para la Paz (Siapaz)”, ya que actualmente el río San Juan tanto por lado nicaragüense como costarricense, enfrenta serios problemas ambientales como: la deforestación causado por explotación maderera y agricultura migratoria, el problema causado por las quemas recurrentes de pastizales, la actividad minera, el represamiento y el redireccionamiento de recursos hídricos, el gravísimo problema de la contaminación por agroquímicos y otros productos desde ambos lados de la cuenca, la producción agroindistrual de piña, macadamia, naranja y del lado nica la ganadería extensiva, la producción de naranjas y palma africana que generan enormes cantidades de residuos agroquímicos.
“Es el momento de retomar el Proyecto Manejo Ambiental y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del río San Juan (ProCuenca), ese proyecto hizo un diagnóstico que comenzó en el año 1995 y que en el año 2004, produjo una propuesta para implementar planes de administración binacional pero que los gobiernos no quisieron profundizar”, afirmó Montenegro.
