Desde agosto pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la solicitud de extradición efectuada por la Fiscalía para Roberto Bendaña, anunció la fiscal Grethel Fernández.
Bendaña está acusado junto con Álvaro Montealegre y Hugo Paguaga, en el caso por estafa como representantes de la empresa International Investments and Financial Services.
De forma sorpresiva, Fernández, quien según dijo es delegada por la fiscal general Ana Julia Guido, sostuvo una reunión con los reclamantes en este caso.
Alberto Eva, uno de los afectados, pidió ante la fiscal: “Que me den el último regalo de mi vida en esta Navidad y abra el juicio contra Álvaro Montealegre para poder vivir”.
“Sentimos que estamos siendo discriminados por no ser religiosos”, afirmó Danilo Espinoza, quien expresó que la Fiscalía se preocupó por resolver el reclamo de las religiosas del Teresiano.
La reacción de Fernández fue: “Para este Ministerio Público que dirige Ana Julia Guido Ochoa no existe diferencia en las víctimas, víctima es víctima, y así está escrito en al artículo 109 del Código Procesal Penal”.
Sobre el señalamiento, en cuanto a la respuesta de las religiosas dijo que esperaron que el pago fuera igual con el resto, pero no se hizo. Además ya el caso está a la orden del judicial.
La funcionaria alegó que desde mayo pasado la institución solicitó al juez Séptimo de Distrito Penal de Juicio cite a juicio oral y público y, la revisión de las medidas cautelares para los acusados, que recordó, “esto es potestad del juez”. Hasta ahora el judicial no se ha pronunciado.
En cuanto a la solicitud de extradición de Roberto Bendaña, expuso que esto quedó en manos de la cancillería, a quien le corresponde tramitarlo ante el Gobierno de Estados Unidos, solicitando entreguen al prófugo para continuar el proceso “para de ser posible (el juicio) hacerlo a los tres” acusados.
Por teléfono, Bendaña dijo a LA PRENSA que desconocía detalles sobre la solicitud de extradición en su contra, que él no es ningún representante de International Investments and Financial Services, pues “los que representan a la empresa son ellos”.
PROPUESTA ESTÁ EN LOS JUZGADOS
E l 22 de mayo del año pasado el entonces representante de Álvaro Montealegre, Hardlan Bladimir Huete, introdujo ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos de los Juzgados de Managua (Ordice) un documento que incluye siete puntos.
En el mismo firmado por Huete y el ahora inspector de la Fiscalía, Douglas Vargas, se establecía que Hugo Paguaga y Roberto Bendaña debían pagar un tercio del monto total pagado por Montealegre a las religiosas del Teresiano .
A su vez, propone la ejecución de un plan de pago mensual, la creación de un fondo de fideicomiso, “bajo la tutela judicial”, la suspensión de la medida cautelar y de la inmovilización de las cuentas bancarias “en función de buscar los recursos económicos para cumplir con los compromisos”.
La fiscal Gretel Fernández alegó que en un momento los reclamantes se negaron a mediar, porque todo el listado de bienes que proponía Montealegre decía que estaban hipotecados.
