Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están trabajando en un artículo en el que se amplíe el período de investigación de la Policía Nacional, “sin violentar” el término de las 48 horas que establece la Constitución Política de Nicaragua para que un detenido sea puesto ante la autoridad competente, confirmó el magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente del poder judicial.
El procedimiento propuesto, según el magistrado, es que el juez de Audiencia autorice ampliar el período de investigación “complementaria” de la Policía Nacional por un plazo de 45 días a 60 días, antes de programar la audiencia preliminar a petición de la Fiscalía.
Durante ese tiempo el sospechoso estará detenido.
Vencido este plazo, según explicó el alto funcionario judicial, la Fiscalía tendrá que acusar o bien pedir la libertad del detenido si no hay pruebas.
“La Fiscalía le hará la propuesta al juez, diciendo que pone al imputado a la orden del juez y que le dé X días para que la Policía complete la investigación, pero el privado estará a la orden del juez, no se violará el termino constitucional de las 48 horas”, insistió Aguilar, quien detalló que el plazo para ampliar la investigación policial no ha sido determinado aún por sus colegas, pero oscila entre 45 y 60 días.
RETROCESO EN JUSTICIA
Para penalistas y defensores de derechos humanos, esta propuesta es violatoria a las garantías constitucionales del detenido, al principio acusatorio, al principio de legalidad y al Estado de Derecho.
“Esa propuesta de reforma no es más que otra estocada a la Constitución Política que garantiza los derechos del detenido ante el abuso de poder”, dijo el penalista Alberto Novoa, exprocurador nacional de la República.
El penalista agregó que el artículo 33 de la Constitución establece que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria ni ser privado de libertad, salvo por un procedimiento legal, y fija un plazo de 48 horas para presentarlo ante el juez.
“Entonces, si autorizás prisión por sesenta días sin acusar, es un retroceso tremendo y una regresión al orden constitucional”, analizó Novoa.
Además sería un retroceso en el sistema procesal penal, que ya había sido superado, dejando atrás los sistemas inquisitivos y la Ley de Funciones Jurisdiccionales de la Policía Sandinista en los años ochenta, la cual establecía hasta nueve días a los investigadores para poner a los detenidos a la orden del juez.
Para Gonzalo Carrión, asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la aprobación de esta reforma sería “una soberana violación a los derechos humanos de la ciudadanía”.
“Una iniciativa de esta naturaleza conspira contra derechos y garantías, porque estarían cambiando el proceso penal, prolongando prisión a las personas en condiciones de aislamiento, sin asistencia legal, violando el principio de legalidad, el principio de inocencia. ¿Cómo va a haber condena previa sin acusación fundada, qué es eso?”, se preguntó Carrión.
“NO HAY VIOLACIÓN”
Contrario a lo argumentado por los penalistas y defensores de derechos humanos, el magistrado Aguilar considera que no hay violación alguna a la Constitución.
“El término de las 48 horas constitucionalmente se va a conservar, no se va a alterar, pero sí después que el privado de libertad esté a la orden del juez este ordenará un período complementario de investigación a la Policía y garantizará los derechos del detenido”, dijo Aguilar.
Según el magistrado, esto pasa en otros países del mundo y puso de ejemplo el caso de Julio Rocha.
“En Suiza, que es uno de los países más civilizados de Europa, tienen prisión preventiva hasta de dos años, para ver si te acusan o no. Un caso concreto es el de Julio Rocha, quien está detenido sin acusación”, comparó Aguilar.
El polémico artículo se introduciría a través de las reformas al Código Procesal de Nicaragua próximamente, dijo el vicepresidente de la CSJ, sin dar fecha.
Los cambios se sumarían a una serie de iniciativas de reformas al Código Procesal Penal, propuestas por la CSJ en enero de este año ante la Asamblea Nacional.
Aguilar argumentó que “la Constitución dice que dentro de las 48 horas debe estar ante autoridad competente, no dice que debe estar acusado”.
48 HORAS ES “MUY POCO”
Aguilar justificó que 48 horas es un término de tiempo “demasiado corto para investigar casos complejos y que es de mucha presión para que la Policía termine una investigación y que al mismo tiempo la Fiscalía acuse”.
“Históricamente ha habido dificultad con ese término de las 48 horas y para no violentarlas se pondrá al privado de libertad a la orden del juez y este decidirá si da el tiempo para investigaciones complementarias”, insistió el funcionario.
Según Aguilar, hay consenso en que las 48 horas son insuficientes, pero no en cuanto al plazo y por ello “se procurará sea el menor tiempo posible”.
“Vamos a poner el tiempo más corto. La mayoría de los países tiene dos años, nosotros queremos tener una media latinoamericana o por debajo de la media latinoamericana”, dijo el magistrado.
Esta propuesta será introducida en el Código Procesal Penal porque no es constitucional ni penal, es procesal, recalcó el vicepresidente de la CSJ.
LEGALIZAR ARBITRARIEDADES
Para Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh, la propuesta de reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua para ampliar el período de investigación complementaria de la Policía Nacional hasta sesenta días sin acusar, es una forma de legalizar los encarcelamientos arbitrarios que ha venido haciendo la Policía Nacional en casos de protestas sociales, como el caso de Mina El limón y Chichigalpa. En estos últimos casos los protestantes están aún detenidos y en el “limbo jurídico”, pues el juez Henry Morales, quien lleva la causa, sigue sin programar audiencia inicial, dijo Carrión.
“Están desesperados porque es evidente la violación a los derechos humanos y al debido proceso, porque desaparecen a la gente, los aíslan sin asistencia técnica y ahora pretenden legalizar los abusos de detención arbitraria. Esa iniciativa busca cambiar la lógica del espíritu de la norma constitucional, que habla de derechos y garantías”, agregó Carrión. En el caso de los campesinos de Punta Gorda condenados a treinta años por matar a cinco policías, según sentencia judicial, pasaron 15 días detenidos sin acceso a abogados, antes de ser acusados.
MÁS PODER AL PODER
Para Gonzalo Carrión, esta propuesta de reforma al Código Procesal Penal para ampliar el término de las 48 horas de investigación policial sin “tocar la constitución” es una forma enmascarada para fortalecer el régimen autoritario, “es darle más poder al poder”. “Están privilegiando al poder, a los intereses del Estado, del régimen; sobre los derechos humanos de los ciudadanos. Trastocan el Estado de Derecho. La prioridad es la estabilidad del régimen y no el respeto a los derechos de los ciudadanos”, dijo Carrión.
