Estoy consciente que la sola pregunta de ¿quién manda en Nicaragua? Implica la aceptación que en nuestro país no existe democracia, consideración con la que no tengo ningún problema. Desde hace algún tiempo, se vienen dando acciones que se atribuyen al titular del ejecutivo pero que luego parecieran no serlo, digo esto ya que tan pronto el pueblo las rechaza por su roce con la Constitución y su manifiesta impopularidad, el que supuestamente manda las echa para atrás.
Como ejemplo tenemos las situaciones que se han dado en la Asamblea Nacional, con leyes aprobadas por la totalidad de los diputados gobiernistas, quienes sin rubor alguno echan pie atrás después de recibir el veto del que manda. El asesor económico de la Presidencia no esconde su desconocimiento y sorpresa cuando se le entrevista sobre estos desafueros, que en muchos casos ponen en duda la sanidad mental del o de la que los ordena.
Durante este año este tipo de acciones gubernamentales se han intensificado tanto por su cantidad como por la perversidad de quien las autoriza, la concesión minera en Rancho Grande, el cuestionado decreto del impuesto a las antenas, la atrocidad cometida contra el empresario Milton Arcia, el secuestro del pueblo de la Mina El Limón, la orden de impedir la donación que pretendía socorrer a nuestros hermanos con más de ochocientos quintales de granos básicos y últimamente la orden de sacar a los estudiantes y trabajadores del Estado para amedrentar a los capitalinos e impedir su apoyo a la gran marcha anunciada para hoy 27 de octubre, en la que se esperan no menos de veinte mil personas, a pesar que mientras termino de escribir este artículo, ya se comienzan a conocer presiones a los dueños de transportes y de otras triquiñuelas de la Policía y representantes del Ministerio del Transporte (MTI) para impedir el traslado a Managua de los miles de campesinos que se oponen a la construcción del Canal.
Estas y otras situaciones provocadas por alguien que aparentemente cogobierna, le han granjeado al actual Gobierno la impopularidad que a diario apreciamos en nuestros quehaceres cotidianos. El empecinamiento de continuar con un proyecto que es inviable tanto ambiental como económicamente es el último capricho que hoy amenaza nuestro medioambiente y soberanía. Los datos del informe ejecutivo de la empresa ERM, dados a conocer por el doctor Francisco Aguirre Sacasa en su más reciente artículo de opinión, deberían ser suficiente motivo para abandonar esa aventura, ante la aseveración de ERM que ni HKND (la empresa del chino) ni el Gobierno tiene experiencia en este tipo de construcciones.
Esto más el comentario que el doctor Aguirre Sacasa rescata del resumen ejecutivo que dice: ERM admite que no puede comentar sobre la viabilidad económica y financiera del proyecto porque HKND ha mantenido esta información confidencial, además, que los otros estudios de diseño e ingeniería están en una etapa muy preliminar y que, por ende, el proyecto está repleto de riesgos e incógnitas. Esto debería ser suficiente para que cualquier gobernante renuncie a esa aventura, de la que ya se comienza a sospechar que es un proyecto concebido para otros intereses, menos para la construcción de un Canal.
El autor es analista político y firmante del compromiso de derogar el canal en un futuro gobierno democrático.
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
