El Consejo Nacional Para la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, que se opone a la construcción del Canal Interoceánico, considera que con la iniciativa de la Ley de Seguridad Soberana el Gobierno envía un “mensaje de amenaza” para frenar la marcha convocada para el 27 de octubre próximo, donde se pretende reunir a más de treinta mil campesinos en Managua y exigir la derogación de la Ley de Concesión del Gran Canal.
Pariss Medina, coordinador departamental de Managua del Consejo Contra el Canal, dijo a LA PRENSA que dicha Ley “es una alerta para que todos los movimientos políticos y sociales que estamos en rebelión nos atengamos a las consecuencias”.
TRES ESCENARIOS
Medina dijo que en la marcha nacional contemplan tres escenarios. Uno es que se deje entrar a los miles de campesinos ubicados en la ruta de la construcción del Canal, que se sienten amenazados con las posibles expropiaciones, “para dejarlos atrapados y una vez encerrados, reprimirnos”.
El segundo escenario es que la Policía retenga en los empalmes de carretera los buses, camiones y no deje llegar a Managua a los campesinos.
“Eso sería desastroso porque los campesinos si no nos dejan pasar nos quedamos ahí y convertiríamos la marcha en un paro nacional, neutralizaríamos todas las vías de acceso a Managua en la Carretera Panamericana”, advirtió Medina.
Medina refirió que el tercer escenario visto es que la Policía y el Ejército no dejen salir de sus comunidades a los campesinos, como El Ayote y La Guinea o San Carlos, incluso no descarta que días previos a la marcha se detenga a los líderes del Consejo Nacional para intentar desmontar la marcha.
