El título de este artículo pareciera un absurdo ya que las elecciones son parte esencial de la democracia y la república, pero refleja la realidad que se ha venido imponiendo y que se pretende reiterar en el próximo proceso electoral.
Sobre la necesidad de elecciones libres, justas y transparentes para que estas sean reconocidas como democráticas se ha hablado y escrito en forma abundante y tanto los nicaragüenses como la comunidad internacional han denunciado la falta de calidad de los últimos procesos electorales, por lo que no es necesario ahondar sobre la falta de garantías que no han permitido a los ciudadanos elegir democráticamente a sus gobernantes, entronizándose el fraude por encima de la voluntad popular.
La falta de instituciones republicanas no ha recibido una atención comparable a la falta de democracia, salvo comentarios episódicos o análisis de unos pocos expertos, pretendiendo algunos argumentar que vivimos en una república por no existir una represión generalizada desconociendo que la violencia del Estado contra la población no es un requisito esencial, para identificar una dictadura.
Los continuados desmanes de Ortega concentrando en sus manos todos los poderes, reformando incluso la Constitución desde el Poder Judicial y los últimos actos anulatorios al Poder Legislativo, han traído al debate nacional la inexistencia de nuestra proclamada república.
Ortega no permite que se tramiten las iniciativas legislativas de los opositores, impide que la Asamblea ejerza el control político sobre el Poder Ejecutivo al no dejar que sus funcionarios lleguen al legislativo, arbitrariamente ha destituido diputados electos, se ha negado a comparecer a rendir su informe anual y ha vetado leyes aprobadas con el consenso de su propia bancada bajo el único argumento de que no le agradan, para dejar claro el mensaje de que la Asamblea debe ser una mera caja de resonancia de su voluntad y que quien lo contradiga queda fuera de ese poder, además de infringir todas las leyes formalmente aprobadas reglamentándolas en contradicción al texto legislativo.
En la Nicaragua actual no gobierna ni el pueblo ni la ley por lo que nadie puede pretender hacernos creer que vivimos en una república democrática. La república se fundamenta en el imperio de la ley y en la igualdad ante la misma, lo que permite frenar los abusos de quienes ejercen el poder y proteger los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos; sin un gobierno basado en la división de poderes y comprometido a la concreción de la justicia y a la búsqueda del bien común no puede existir una república y si los ciudadanos no eligen con su voto y los gobernantes no son electos por tiempo determinado, permaneciendo indefinidamente en el poder, no puede hablarse de democracia.
Sin la existencia de un complejo sistema de mecanismos de control de los cargos públicos y con el poder altamente concentrado en una sola persona que no se somete ni a la Constitución ni a la Ley, solamente y sin ambages debemos hablar de dictadura.
Contribuir a enmascarar el autoritarismo de Ortega pretendiendo legitimarlo con falsas elecciones es traicionar las aspiraciones democráticas y republicanas de la población. El zancudismo solamente puede catalogarse como un comportamiento totalmente abyecto, el descaro no puede ocultarse, la democracia o se defiende o dejamos de ser demócratas; es asombroso ver que quienes no se han atrevido a reclamar condiciones mínimas para participar en auténticas elecciones o quienes no han protestado por la destrucción de la república, pretendan llamarse demócratas o que los identifiquen como tal por el simple hecho de promover dudosas primarias o inscribirse como partido, únicamente en busca de las migajas que les pueda tirar el dictador asignándoles ineficaces diputaciones de un poder inexistente.
El autor es abogado.
