Unas 54,316 manzanas de tierra de las comunidades indígenas fueron “legalizadas” a nombre de terceros a través de simulación de actos legales que no son inscribibles, en el Registro de la Propiedad y Mercantil de Bilwi.
Esta información se desprende del informe de la investigación realizada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) en el 2010, a raíz de la depredación de la reserva natural Bosawas.
A pesar que esta información se conoce desde el 2010, toma relevancia hasta este año, por la utilización política que hizo el diputado sandinista Edwin Castro, para desterrar de la Asamblea Nacional al diputado Brooklyn Rivera, asociándolo con las personas involucradas en la venta de tierras indígenas a colonos.
Esta investigación fue solicitada por la PGR contra notarios y el registrador público de la zona, ante la invasión de la reserva Bosawas por colonos. Es así que en el Registro de Bilwi-Puerto Cabezas se identificaron 31 propiedades indígenas que juntas suman 54,316 manzanas de tierra, legalizadas a nombre de terceros mediante actos irregulares.
FIGURAS NO INSCRIBIBLES
Las inscripciones anómalas se realizaron entre el 2003 y el 2010, bajo las siguientes figuras que no son inscribibles según la Ley de Registros: declaración de dominio y posesión, título de reforma agraria falsificado, declaración de derechos posesorios, constitución de derechos posesorios, protocolización de documentos privados.
También utilizaron figuras como: elevación de documento privado a escritura pública, minuta descriptiva de posesión y dominio, legitimación de posesión y dominio de propiedades inmuebles, declaración de bien inmueble, desmembración de finca rústica y donación, certificación de título supletorio y venta de un banco de tierra indígena. La mayoría de las propiedades fueron inscritas por David Rodríguez Gaitán, registrador público de Bilwi, quien fue destituido por la CSJ en julio del 2013 por permitir las 31 inscripciones irregulares y por tanto contrarias a ley.
NOTARIOS Y REGISTRADOR VIOLARON LEYES
Según la queja interpuesta por la PGR, la actuación de los notarios y del registrador viola las leyes de la materia, ya que las tierras indígenas no son susceptibles de compra-venta, no son hipotecables ni inscribibles. Además, causaron daño y violación de derechos constitucionales de las comunidades indígenas. Entre los personajes involucrados en los registros anómalos de tierras indígenas aparecen el notario Osorno Coleman, excomandante de la Resistencia, y René García Becker del colectivo Yatama.
PGR NO ACUSA
La PGR después de cinco años de manejar la información no ha hecho uso de su derecho como víctima de la venta ilegal de tierras indígenas, y no ha acusado por la vía penal a ninguno de los involucrados. Incluso el procurador Hernán Estrada dijo la semana pasada que tiene todas las pruebas de las supuestas implicancias del exdiputado Brooklyn Rivera en la venta irregular de propiedades indígenas, pero aseguró que la Comisión Interinstitucional no ha decidido acusar. LA PRENSA solicitó información al respecto a la PGR, pero no hubo respuesta. Desde el 2013 a la fecha, la CSJ ha investigado y sancionado a seis notarios entre ellos Irma Gladys Forbes López, quien fue sancionada en junio del 2014, con la inhabilitación como notaria por cinco años. En su momento la notaria alegó que no se debía dar lugar a la denuncia del PGR, por cuanto no se había presentado ningún tipo de prueba documental o testifical en su contra.
ARGUMENTOS DE ABOGADA
“…Simplemente se ha limitado a presentar informativo elaborado por la Policía Nacional en el que aparece su nombre con señalamiento de haber realizado veintiún Escrituras, que afectan a los indígenas del Atlántico Norte y la Biosfera de BOSAWAS”, dice el documento presentado por la abogada. Los otros sancionados son Rito Emilio Jirón, con tres años de inhabilitación como notario; Brenda Albayedo, por falsificar una carta de no objeción fue sancionada por dos años desde agosto del 2013.
David Rocha Rocha sancionado por cinco años desde marzo del 2014; a este según el informe se le relaciona con más de quinientos instrumentos públicos elaborados en relación a fincas o bienes inmuebles ubicados dentro de territorios pertenecientes a comunidades indígenas y a las áreas protegidas dentro de la Reserva Biosfera de Bosawas, hecho que se evidencia en el acta de inspección de los protocolos número uno, dos, tres y cuatro correspondientes al período 2007 al 2010. Los otros abogados sancionados son: Ernesto Amador Cortez, con tres años desde septiembre del 2015 y Pablo Rolando Jarquín Quiroz, sancionado por cinco años. Todos ellos fueron sancionados por irrespetar las Leyes vigentes y como consecuencia la inseguridad jurídica de los derechos de las comunidades indígenas y los recursos naturales en la Reserva Biosfera Bosawas, según resolución de la CSJ.
NO FUE SANCIONADO
La magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, aclaró que el exregistrador de Bilwi, David Rodríguez, no fue sancionado como notario público, solo fue destituido de su cargo, porque fue denunciado por anomalías en sus funciones como registrador no como notario, ya que no hizo ninguna escritura pública que estuviera implicada en la investigación sobre las tierras indígenas. Rodríguez aparece en el Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos vigente y sin suspensiones. Su quinquenio autorizado va de del 11 de octubre del 2013 al 10 de octubre del 2018.
MÁS NOTARIOS DENUNCIADOS
La Procuraduría General de la República presentó ayer tres quejas más ante la Corte Suprema de Justicia, en contra de al menos nueve notarios involucrados en actos relacionados con territorios comunitarios. Se trata de Kemil Evenor Coleman Alvarado, Óscar Somarriba Ardila, Nahúm Migdonio Lumbí Mayorga, Pablo Manzanares Tórrez, José Isabel Salgado Zelaya, Óscar Spelman Bell, Evaristo Mercado Pérez, Marcos Hoppington Scot y Salomón Osorno Coleman, este último excomandante de la Resistencia.
Solo lo destituimos del cargo como registrador (David Rodríguez), pero no lo sancionamos como notario, porque la denuncia fue contra sus funciones como registrador”. Magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ. LA PRENSA/CORTESÍA CSJ
Ver en la versión impresa las páginas: 1 A ,4 A
