La arbitraria destitución del dirigente indígena Brooklyn Rivera de su cargo de diputado en la Asamblea Nacional, ha sido un bombazo orteguista contra el procedimiento parlamentario, contra la Constitución que en el numeral 10 de su artículo 138 establece taxativamente los pasos que se deben seguir para destituir a un diputado, y contra la garantía del debido proceso y el derecho a la presunción de inocencia.
Ciertamente, la destitución del diputado indígena que fue elegido en las listas del Frente Sandinista y su partido Yátama hasta hace poco tiempo era un excelente aliado del régimen, ha sido la más brutal de las arbitrariedades de este tipo perpetradas por el orteguismo.
Sin embargo, extrañamente Brooklyn Rivera avaló de hecho su destitución, con su propio voto. Si bien en el curso de la sesión parlamentaria en la que fue privado de su escaño, Rivera se defendió en forma vehemente de las graves acusaciones que le hiciera la bancada orteguista para justificar la expulsión, en el momento de la votación Rivera y la otra diputada de Yatama no votaron en contra de la moción orteguista. Tampoco apagaron su dispositivo de votación, lo mantuvieron encendido y de esa manera se sumaron al voto de la mayoría de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.
Es probable que Brooklyn Rivera haya creído que con esa actitud, podría evitar que el poder orteguista lo encarcele y someta a juicio por los graves delitos que le ha imputado, ya que se está hablando de un diálogo para resolver la crisis creada en el Caribe Norte por la disputa sobre la propiedad de las tierras indígenas. En realidad, la situación de Rivera es parte de ese grave problema provocado por los colonos y las empresas que han ocupado grandes extensiones de tierras de las comunidades originarias, ya sea porque las usurparon de hecho o porque las compraron de manera ilegal.
Se dice que esta crisis se debe resolver mediante el diálogo entre las comunidades indígenas y los colonos. Aparentemente esto es lo más razonable. Pero el objetivo de todo diálogo es que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo intermedio, a partir de que cada una ceda lo que sea necesario y posible. Y lo único que podrían ceder los indígenas es el derecho de propiedad sobre sus tierras ancestrales, las cuales, según la Constitución y las leyes pertinentes no se pueden enajenar de ninguna manera.
El régimen orteguista se ha pronunciado por medio de uno de sus voceros aparentemente más autorizados, en el sentido de que el Estado no puede indemnizar a los colonos que han comprado tierras indígenas, porque “alguien” se las vendió de mala fe. Tiene razón. Pero también la compra de esas tierras tiene que haber sido de mala fe, porque legalmente no se pueden vender ni comprar y nadie puede alegar ignorancia de la ley.
El régimen orteguista tiene que hilar fino para resolver en forma justa y pacífica este conflicto. Actuar con la brusquedad totalitaria con la que expulsó a Brooklyn Rivera de la Asamblea Nacional, le podría causar al país y al mismo Gobierno consecuencias impredecibles.
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