En dos horas Brooklyn Rivera Bryan fue acusado de venta ilegal de tierras indígenas, despojado de su inmunidad y retirada su condición de diputado, una acción violatoria al artículo 154 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, la cual establece claramente la creación de una Comisión Especial ante la queja presentada contra el diputado.
El jurista Gabriel Álvarez explicó que la acción para desaforar a Rivera “fue violatorio al principio del debido proceso y también le violentaron el derecho a la defensa”. “Con las reformas constitucionales de 2014, el artículo 34 te dice explícitamente que los principios del debido proceso se aplican a todos los procesos, no solo jurisdiccionales, sino a los administrativos, parlamentarios”, expresó Álvarez consultado vía telefónica.
ABERRACIÓN JURÍDICA
Álvarez calificó esta acción de los diputados sandinistas como una “aberración jurídica” y una actuación inconstitucional de la Asamblea Nacional.
Ayer, en un giro sorpresivo que tomó la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el jefe de la bancada del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, pidió la palabra y comenzó a leer un reporte acusando al exdiputado Rivera de estar relacionado con la venta ilegal de tierras comunales en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACN).
INFORME SORPRESIVO
Según este informe presentado por el diputado Castro y elaborado por una comisión investigadora que hasta ayer se desconocía, fueron 16 casos de ventas ilegales de propiedades comunales, equivalentes a 1,556 kilómetros cuadrados de territorio indígena, principalmente en los territorios Wangky Twi Tasba Raya y propiedades mayagnas.
“Estos apenas 16 casos que he expuesto, hecho por allegados, protegidos y dirigidos por el diputado Brooklyn Rivera, llegan a 155,629 hectáreas, equivalentes a 217,881 manzanas, es decir, 1,556 kilómetros cuadrados de tierras comunales, que pertenecen a las comunidades mayagnas y mískitu de la Costa Caribe”, manifestó Castro, para luego solicitar la desaforación del diputado Rivera, la cual fue aprobada con los 62 votos de los diputados del FSLN.
Los 22 diputados del Partido Liberal Independiente (PLI) votaron en contra de desaforar a Rivera.
“VENDETTA POLÍTICA ENTRE SOCIOS”
El diputado Carlos Langrand, del PLI, expresó en su intervención ante el pleno, que en vez de buscarle una solución al verdadero problema en la costa Caribe, donde existe un conflicto armado entre colonos y miskitos por la invasión de tierras comunales, “lo que están haciendo es echándole gasolina, tratando de ocultar los verdaderos problemas que tiene la Costa: el despale indiscriminado, el robo descarado del oro, estamos tratando de esconderlo a través de esta vendetta política”, en alusión a la alianza que mantuvieron por siete años el FSLN y el partido indígena Yatama, del que es presidente el exdiputado Rivera.
RIVERA: INVESTIGUEN A LAS AUTORIDADES
Rivera se defendió diciendo que ninguna de esas acusaciones mencionadas por Castro lo vinculaban directamente a él y también manifestó que esos territorios no pueden ser vendidos porque son propiedades indígenas, explicando que se tiene que investigar a las autoridades e instituciones regionales que formalizaron estas ventas ilegales.
“Aquí todos sabemos que las tierras indígenas son imprescriptibles, inembargables, no se pueden vender, no se puede donar. Venir a hablar de la venta de tierras es un planteamiento sin sentido. Esas ventas son ilegales y allí están los nombres de las personas, que las procesen”, dijo Rivera, durante su intervención ante el pleno.
PIDE COMISIÓN INVESTIGADORA
Rivera también dijo que esto “es una pasada de cuentas” y pidió la creación de una comisión investigadora, lo cual fue respaldado por el PLI y la diputada indígena Eveling Taylor.
“El show político que me están montando a mi organización, a mi pueblo, yo lo tomo con la conciencia tranquila, porque sabemos que esto es una pasada de cuentas. Yo he dedicado cuarenta años a defender a mi pueblo y vamos a seguir adelante”, expresó el hoy exdiputado.
Agregó que está dispuesto a responder ante la justicia, pero también pidió justicia para los indígenas y dirigentes de Yatama que han sido asesinados en la Costa.
SE FUE DE LA ASAMBLEA
Durante se realizaba esta sesión, oficiales de la Policía Nacional custodiaban una de las entradas del hemiciclo, por lo cual surgieron rumores de que Rivera sería detenido al salir de la Asamblea; sin embargo, salió del hemiciclo solamente seguido por los medios de comunicación; fue a la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes, que hasta ayer presidió, y luego se dirigió hacia su camioneta y se fue de la Asamblea.
LAS DESTITUCIONES DE JARQUÍN Y OCAMPO
En julio de 2013, el Consejo Supremo Electoral (CSE) retiró la acreditación y nombramiento al diputado Agustín Jarquín Anaya, “por traicionar el mandato de los electores”.
En junio de 2013, el CSE también le canceló el acta de toma de posesión y acreditación sin ninguna explicación a la diputada sandinista Xochilt Ocampo.
El 2 de marzo de 2014, el presidente del CSE, Roberto Rivas Reyes, amenazó a Yatama con retirarle la personalidad jurídica al partido indígena, porque supuestamente estaban boicoteando el proceso electoral.
TITULACIÓN OFICIAL
Según el reporte leído por el diputado sandinista Edwin Castro ante la Asamblea Nacional, el gobierno de Daniel Ortega, a partir del 2007 que inició su segundo mandato hasta la fecha, ha titulado 23 territorios indígenas y afrodescendientes, donde se asientan 301 comunidades y habitan 205,317 personas.El área total titulada es de 37,252.91 kilómetros cuadrados, equivalente al 31 por ciento del territorio nacional. Estos títulos se registraron como propiedad comunal (propiedad de todos los habitantes comunitarios), según la lectura del informe presentado por Castro ante la Asamblea Nacional, antes de empezar a acusar a Brooklyn Rivera de la venta ilegal de parte de este territorio comunal.
Esta es una vendetta
política entre (ex) aliados políticos, que en vez de contribuir a la paz y a la seguridad, le están echando gasolina a los conflictos de la Costa”.
Carlos Langrand, diputado de la Bapli.
