Una embarcación queda “al garete” o “a la deriva” cuando se queda sin medio de propulsión y ha perdido también sus anclas, por tanto está a merced del viento, la corriente y de las olas.
Es lo que ocurre con el Intur y con la aplicación de la Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras (Ley 690), aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional el 4 de junio del 2009 y publicada en La Gaceta el 29 de junio del mismo año.
La aplicación de esta ley, que regula todo lo relativo al uso y aprovechamiento de las zonas costeras estaba supeditada a la integración de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Zonas Costeras (CNDZC), presidida por el Intur, la cual desde el 2009 únicamente ha sido convocada y se ha reunido una vez, para aprobar el proyecto de Guacalito de la Isla.
Todas las concesiones en las áreas de uso público otorgadas hasta entonces por las alcaldías quedaron supeditadas a la CNDZC, pero como esta nunca operó, las alcaldías de las zonas costeras siguieron otorgando permisos a su antojo.
Un ejemplo visible es la expansión, en la forma de terrazas y hasta construcciones de cemento, de hasta cinco metros dentro de la costa, de muchos negocios que están localizados en la bahía de San Juan del Sur.
También en la playa más cercana a San Juan, El Remanso, se otorgaron concesiones a tres negocios que operan en la zona costera con el agravante de que allí no existe un proceso adecuado de tratamiento de desechos sólidos o líquidos y por tanto, todo ello termina irremisiblemente en la playa, no solo dañando el ambiente sino contradiciendo todo el espíritu de la Ley de Costas.
Cerca del estero de San Juan, en temporada alta se otorgan concesiones para vendedores ambulantes temporales que atienden a los turistas nacionales de menos recursos que llegan en los buses. El problema es que como no hay suficientes basureros y no se concientiza a los visitantes, el viento se lleva los vasos, bolsas y platos plásticos, desechos de todo tipo, que van a parar a la playa o al mar, como una proyección de los negocios ubicados en los parqueos de los buses.
En las zonas costeras donde se van a establecer hoteles o negocios turísticos de alta gama, el gobierno a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de las Zonas Costeras debería de ofrecer la prioridad de la concesión o primera oferta a los inversionistas, a como se hace actualmente en México y no permitir el establecimiento de caramancheles que no cuentan con las más mínimas condiciones higiénicas.
Debería ser obligatorio el uso de servicios higiénicos portátiles con tratamiento aprobado de las aguas residuales y no permitir el establecimiento de construcciones permanentes en la zona de playa para proteger el uso de la playa para todos.
Los dueños de propiedades costeras deben tener el derecho de cercarlas para no permitir el ingreso ilegal a su propiedad, pero no deben impedir el acceso de todos a las playas.
Con el Intur descabezado —como lo señaló recientemente el presidente de Cantur, Leonardo Torres— no solo al más alto nivel, sino a todos los niveles intermedios con la destitución de sus directores, la Junta de Incentivos Turísticos (JIT), que mes a mes había venido reuniéndose religiosamente para aprobar los proyectos de inversión turística beneficazos por la ley 306, por primera vez no se reunió el pasado mes de julio.
En consecuencia, al menos seis proyectos de inversión turística están “parqueados” mientras el Intur está “al garete”. Y si la JIT, que venía funcionando eficientemente mes a mes, desde hace años, no ha sido convocada por el Intur, ¿qué podemos esperar de la CNDZC, que en seis años desde la promulgación de la ley, se ha reunido una vez?
El Gobierno debe atender con la seriedad que el caso amerita estas dos problemáticas planteadas con el objetivo de que el turismo y la inversión en este campo, así como la seguridad jurídica para el inversionista, siga prosperando. Igualmente, debe atender con urgencia el problema del Intur, que el mismo ejecutivo ha creado con el despido radical de los funcionarios intermedios con experiencia acumulada de muchos años de servicio público.
El autor es diputado de la Bancada Alianza PLI y Presidente de la Comisión de Turismo.
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