Un delito como la masacre de Las Jagüitas, a manos de una fuerza especial de la Policía, no solo ha conmovido a la entera sociedad por sus resultados particularmente trágicos, sino, que ha suscitado también una sensación de inseguridad y de alarma, que nos lleva a reflexionar sobre las medidas que puede tomar la sociedad para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
Dado que esta tragedia involucra la forma de operar de la Policía, nuestra reflexión une la justicia a la política, como ocurre siempre que un régimen intenta construir un sistema de abuso e impunidad.
La secuela de la tragedia, cedería la estafeta al montaje frío y descarado de la impunidad. A una operación mortal, a rostro cubierto, con su carga de dolor, le seguiría una operación cínica, a rostro descubierto, con su carga de burla e impunidad.
En este caso, la impunidad consiste no tanto en la relación entre los años de condena y los resultados del delito, cuanto en el menosprecio de tipificar adecuadamente el delito y las circunstancias agravantes del mismo.
Cuando el aporte de la prueba, contra un cuerpo policial, está a cargo de la misma Policía, la Fiscalía no tendrá pruebas, o mejor dicho, dispondrá de argumentos coludidos para tipificar con levedad los cargos, y para encontrar o producir circunstancias atenuantes durante la audiencia formal de presentación de cargos.
Para no ir a juicio de jurado, a cambio de una atenuación de la pena (si los cargos formulados en su contra, además, son leves), los policías acusados se declaran culpables de los hechos. El juez debería determinar si los acusados fueron sinceros al declararse culpables. Y registraría que los acusados se declararon inocentes, si no lo fueron. No obstante, cuando el delito es grave, la declaración de culpabilidad —en la mayoría de países— no exime del juicio por jurado.
La Fiscalía acusó a nueve policías, en lugar de acusar a los 20 que participaron en los hechos. Había que discernir, en la audiencia, cuáles de los veinte son autores y cuáles son partícipes de cada delito. Se acusó a cuatro por homicidio y lesiones imprudentes, cuatro por daños, y uno por exposición de personas al peligro y daños.
Las tres escuadras de las fuerzas especiales, dispusieron una emboscada que incluía, por lo menos, a dos francotiradores. Portaban fusiles compactos de asalto. Armas de combate AK74, con mira óptica; proyectiles letales de alta velocidad (903 m/s), terriblemente dolorosos. Armamento SKAr L, Xm8, m4 16, Aug, G36c, con recarga con gas, cadencia de 750 disparos por minuto, y alcance superior a los 500 metros.
El número de atacantes, el entrenamiento como fuerzas de operaciones especiales, el letal armamento de combate, constituyen circunstancias agravantes, de alevosía en grado extremo. El comportamiento brutal de los policías, con los heridos y muertos, constituye la circunstancia de saña que, si cabe, es lo que más agrava el delito.
Los mandos superiores de la Policía no pueden sacar a la calles una unidad de combate semejante, para que monte una emboscada en una zona de tránsito de la ciudadanía. Si ocurriese un ataque imprevisto del crimen organizado, la Policía, antes de actuar, debe acordonar y evacuar el perímetro. En Las Jagüitas ocurrió un comportamiento militar criminal. La responsabilidad por esta masacre, cruza a la Policía desde los mandos superiores hasta los hechores directos.
La probabilidad estadística de matar a un inocente en la emboscada de Las Jagüitas, no constituye ni una imprudencia ni un error, y descartaría el homicidio simple y el homicidio imprudente. El delito, a primera vista, se tipificaría de homicidio doloso. Pero, por el alto poder de fuego, por actuar con el rostro cubierto, de noche, con ropas oscuras, en ventaja abrumadora, con alevosía premeditada (sin la menor posibilidad de defensa de las víctimas) y con saña (con los heridos y muertos), se trata de un asesinato agravado. Máxime si los autores directos pertenecen a una institución militar partidarizada, con antecedentes múltiples de atentar contra la vida humana.
La familia debió convocar a la población a manifestarle solidaridad, para oponerse a las maniobras judiciales que pretenden burlar a la justicia, en un avance peligroso de la impunidad.
El autor es ingeniero eléctrico
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
