El miércoles pasado me dirigía a la parte posterior del Consejo Supremo Electoral (CSE) por la calle de acceso de Metrocentro como lo había hecho otras veces, cuando observé que la calle estaba bloqueada con vallas metálicas, atrás de las cuales habían varios policías.
Al detenerse el vehículo, un funcionario con el uniforme del CSE se acercó a mi ventana y me soltó la pregunta: ¿tiene usted cita en el Consejo?… a lo que de inmediato contesté afirmativamente: todos los miércoles tenemos una cita en el CSE para protestar pacíficamente, para que hayan elecciones libres y transparentes.
El funcionario no pudo evitar su asombro y la risa, yo mismo me reí con mi salida, pero entonces me bajé indignado, me dirigí a la valla atrás de la cual estaban los policías y los increpé: “Sepan que ustedes están violentando dos derechos constitucionales fundamentales: el derecho a la libre movilización y el derecho a la libertad de expresión”. Ellos no respondieron nada.
Luego di la vuelta, averigüé dónde estaban los demás diputados del PLI y los pocos ciudadanos que habían podido llegar hasta las inmediaciones del CSE, alrededor del cual, la policía había tendido un cerco en todas las vías de acceso para evitar que los ciudadanos protestaran pacíficamente, como todos los miércoles, frente al CSE contra el fraude y en demanda de elecciones libres y transparentes.
Fue así que Eduardo Montealegre decidió marchar desde la Funeraria Monte de los Olivos, hacia la Carretera a Masaya y de allí sobre la carretera, hasta topar con las vallas y los policías antimotines que bloqueaban el paso hacia al CSE de la rotonda Rubén Darío, unos cincuenta metros hacia el Este.
Lo que pasó después quedó registrado en fotografías y vídeos: ciudadanos fueron brutalmente garroteados por la policía, entre ellos varios diputados del PLI y en una agresión poco usual, la policía se ensañó también contra los periodistas independientes que cubrían el evento, destruyendo o robándole sus cámaras o grabadoras para impedir su labor informativa.
Los ciudadanos que protestábamos, no tuvimos miedo. Lo que quedó evidenciado es el miedo del orteguismo a la protesta cívica como medio de expresión popular para que en este país los ciudadanos no solo puedan votar, sino elegir realmente a sus autoridades en un proceso electoral limpio y transparente, que restaure la credibilidad del voto, erosionada una y otra vez por el fraude.
Hoy miércoles más ciudadanos, de diferentes signos políticos, han anunciado que tienen “una cita” ante el CSE, entre ellos el excandidato a la vicepresidencia, Edmundo Jarquín, y el intelectual y columnista de LA PRENSA, Humberto Belli Pereira, quien resumió la motivación de la protesta en una sola frase: “Para exigir que dicha institución (el CSE), marcada por reiterados fraudes electorales, cumpla su función de asegurar el derecho de los nicaragüenses a elegir a sus representantes”.
Pero también se ha escuchado una voz disonante, de quien hace tiempo dejó de ser opositor: la del doctor Arnoldo Alemán, quien en la recién pasada convención del PLC, llamó a sus partidarios a no asistir a las protestas los miércoles y calificando de “locos” a quienes asistimos a la cita frente al Consejo, para exigir condiciones mínimas que garanticen que no habrá un nuevo proceso electoral fraudulento en el 2016.
Los que nos llaman “locos” es porque son parte del fraude y no pueden protestar. Nosotros no andamos de “locos”, porque nuestra lucha es por elecciones libres y transparentes, no por elecciones zancudas y asignaciones electorales. Estamos claros de que el doctor Alemán no tiene cita hoy ante el CSE.
No puedo concluir este artículo sin expresar mi mas enérgica condena por la masacre perpetrada por la Policía Nacional contra la familia Reyes Ramírez, la noche del sábado, cuando el vehículo en que viajaban fue rafagueado en tres ocasiones por no haberse detenido ante un retén de la policía antinarcóticos, al considerar su conductor Milton Reyes, que se trataba de un asalto.
Estos hechos trágicos no solo deben ser investigados y sus autores llevados ante la justicia, tal como lo ha manifestado la primera comisionada, Aminta Granera, y lo demanda doña Yelka Ramírez, quien perdió a dos de sus pequeños hijos y a su hermana, sino que se deben tomar todas las medidas pertinentes, para que nunca mas vuelvan a repetirse.
El autor es diputado de la Bancada Alianza PLI
Ver en la versión impresa las páginas: 10 A
